El 12 de marzo se anunció el acuerdo para la venta de la totalidad de las acciones de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones (Cotel) a Millicom, propietaria de Tigo, por 400 millones de dólares. La noticia se difundió rápidamente y algunos medios la presentaron como la culminación de la negociación. Sin embargo, aunque esa es la intención de todas las partes, la operación aún depende del cumplimiento de varias condiciones, entre ellas la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el cierre de acuerdos entre la firma con sede en Luxemburgo, la Nación y Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El proceso de venta en Colombia contrasta con el de Argentina, donde Telefónica vendió su operación y activos a la gigante local Telecom por 1.245 millones de dólares de manera expedita. En este caso, el análisis y la aprobación del gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), se realizan después de cerrado el negocio, lo que hace que la operación sea irreversible. La responsabilidad recae en el comprador, quien incluso podría enfrentar la negativa a la fusión.
En el caso colombiano las condiciones a cumplir para cerrar el trato quedaron enunciadas en la Información Relevante consignada por la multinacional española ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid. No se expresa por qué es necesario concretar estas negociaciones adicionales, dado que Millicom mantendría el control de la operación independientemente de ellas. Sin embargo, es probable que se trate de requisitos exigidos por los socios para asegurarse el 100 % de las acciones y cortar definitivamente el vínculo con el sector público.
Aprobaciones regulatorias y acuerdos
- En diciembre de 2024, Tigo y Movistar presentaron la solicitud de fusión ante la SIC, pero fue devuelta por falta de información completa. Las empresas tuvieron que proporcionar datos detallados sobre la operación y los mercados involucrados para determinar si la competencia se vería afectada.
Tras la evaluación y análisis, que en teoría debe estar lista a mediados de este año, la Superintendencia puede tomar alguna de 3 decisiones: Aprobar la fusión sin condiciones, si considera que no afecta negativamente la competencia; aprobar con condiciones, imponiendo medidas para mitigar posibles efectos anticompetitivos, o negar la fusión, si determina que la operación perjudica la competencia en el mercado.
- En cuanto a la venta de UNE EPM Telecomunicaciones, el primer paso fue la aprobación del Concejo de Medellín, la cual se dio en agosto de 2024. Actualmente, ya se contrató a una banca de inversión para valorar las acciones de EPM en Tigo, cuyo precio se estima en 1,6 billones de pesos.
Tras esta valoración, se deberá aplicar la primera fase de la Ley 226, que regula la enajenación del patrimonio público, ofreciendo las acciones primero al sector solidario y a los empleados. Luego, en la segunda fase de la misma ley, Millicom (u otro interesado) podrá adquirir la participación –luego del visto bueno de la SIC–, lo que se produciría en el segundo semestre del año. - El proceso de venta de la participación del Estado en Coltel también debe seguir los pasos definidos por la Ley 226 de 1995, que regula la enajenación de bienes públicos y ser valorada por una banca de inversión.
Una vez determinada la valoración del 32,4 % de la participación del Estado en Coltel, que en este caso lo está llevando a cabo la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el Ministerio de Hacienda (en cuyo nombre están las acciones) debe aprobar el proceso de venta mediante un decreto que establezca las condiciones de enajenación. A partir de este momento, se activan las fases ya descritas que ordena la Ley.
Finalmente, una vez adjudicadas las acciones, la operación debe pasar por una revisión regulatoria por parte de la SIC, entidad que evaluará si la transacción podría afectar la competencia en el sector de telecomunicaciones. Solo después de superar este último filtro, la venta se formaliza y se completa la transferencia de la participación estatal a los nuevos propietarios.
Aunque la negociación para conformar el segundo gran operador del país está llena de detalles y sujeta a diversas autorizaciones regulatorias, que implican largos plazos, el proceso avanza hacia la reconfiguración del mercado en línea con la tendencia internacional.
Por ahora, tanto Tigo como Telefónica continúan operando con normalidad y cumpliendo con sus metas anuales, orientadas a mejorar la eficiencia operativa en un contexto altamente competitivo que ha caracterizado a la industria local durante años. Claro, los dos comparten desde diciembre una sola red de acceso móvil, pero mantienen autonomía en la gestión.
Pero en paralelo, Telefónica sigue reduciendo su exposición en América Latina mediante la venta de sus operaciones en Argentina, Costa Rica, Guatemala y Colombia, y es probable que continúe desprendiéndose de más activos en la región. Mientras tanto, Millicom refuerza su presencia en el continente: cerró un acuerdo con Liberty Latin America para fusionar sus operaciones en Costa Rica; en Guatemala adquirió el 45 % restante de su socio, obteniendo el control total de la compañía; en Panamá compró el 80 % de Cable Onda; y en Nicaragua adquirió Telefónica Nicaragua.
Con la consolidación en Colombia, Tigo se convertirá en un actor clave del mercado, alcanzando una participación del 34,9 % en Internet móvil, 40,6 % en telefonía móvil, 34,2 % en banda ancha, 36,3 % en telefonía fija y 33,6 % en televisión por suscripción.
A pesar de que la suma de la segunda y la tercera empresa, en términos de tamaño, no supera a Claro en ningún segmento, una vez que se confirme la fusión se establecerá un nuevo escenario competitivo. La consolidación permitirá una mayor eficiencia operativa y fortalecerá la capacidad de inversión en infraestructura, innovación y servicios, lo que podría modificar las dinámicas tradicionales del mercado. En este contexto, Claro se verá obligada a ajustar su estrategia para mantener su posición, que ya no será dominante.
Esta operación no sólo redefine la competencia en Colombia, sino que refleja una tendencia global en la que los operadores buscan consolidarse para enfrentar mejor los desafíos de inversión en redes y servicios digitales.
