El lunes 28 de octubre, la mesa de servicios de Telefónica Colombia comenzó a recibir consultas de sus contrapartes en el equipo de sistemas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quienes reportaban intermitencias en el servicio de Internet. La respuesta de los técnicos de la empresa fue clara: “No, ya no hay servicio”.
Lo que en ese momento sorprendió a parte de los miembros del equipo técnico fue el resultado de una nueva estrategia de la administración de Servicios de Sistemas del SENA, de la que hacen parte, denominada ‘Transformación Tecnológica’. Este cambio implica que, desde ahora, la entidad administra internamente todos los servicios tecnológicos, mientras que la conexión a la red se contrata con Internexa.
Como era de esperarse, la desconexión tecnológica tuvo efectos inmediatos en la comunidad educativa del SENA, los que en su mayoría persisten más de una semana después del cambio de responsables de los servicios tecnológicos. Los estudiantes que intentan acceder a las plataformas de aprendizaje y a los sistemas de certificación en línea encuentran que muchos de estos servicios están inactivos; los profesores, a su vez, no pueden acceder a bases de datos y recursos digitales esenciales para su labor. Incluso, la institución se ha visto obligada a extender los plazos de inscripción a programas de formación tecnológica debido a los problemas de la plataforma.
En respuesta, el SENA parece haber sugerido que los estudiantes utilicen los datos móviles de sus propios dispositivos para conectarse. No obstante, esto implica riesgos de seguridad, ya que puede exponer a los usuarios y la entidad educativa a vulnerabilidades cibernéticas y riesgos de robo de información. Sin mencionar el costo que representa para los alumnos.
Además, hay reportes de que algunas sedes físicas del SENA han estado cerradas o limitadas en sus operaciones, e, incluso, la administración podría optar por vacaciones colectivas para los estudiantes debido a la falta de acceso a los servicios tecnológicos.
Los contratos con Telefónica
Colombia Telecomunicaciones (Telefónica) y el SENA firmaron el contrato número 1122512, el 27 de septiembre de 2019, con fecha de inicio el 11 de octubre de ese año y finalización el 31 julio de 2023, el cual contemplaba una infraestructura y servicios integrales de tecnología para todas las sedes y oficinas, incluyendo conectividad, sistemas de seguridad, soporte técnico (que disponía de personal dedicado exclusivamente a la operación de la entidad) y soluciones para asegurar la continuidad de sus actividades educativas, como por ejemplo la provisión energética estable y constante para los equipos.
Dos detalles que ilustran la magnitud del problema actual son, por un lado, los 50.000 equipos que Telefónica utilizaba para soportar los servicios en todo el país, los cuales deben ser retirados y, luego, reemplazados por el SENA, y, por otro, las 600 personas que, de forma directa o indirecta, apoyaban la operación desde esa compañía. De hecho, ha sido el contrato más grande de su tipo en América Latina.
Previo al vencimiento del contrato, como es natural, el SENA inició un nuevo proceso de licitación pública para asegurar la continuidad de sus servicios tecnológicos. La licitación exigía, entre otros aspectos, un período de transición en el que el proveedor entrante pudiera implementar su infraestructura mientras el proveedor saliente, en este caso Telefónica, continuaba brindando soporte. Nada de esto ocurrió.
Telefónica, en unión temporal con INDRA, participó en el proceso y presentó una oferta como único oferente; sin embargo, el gobierno nacional revocó el auto de apertura de la licitación. Entre los motivos citados para esta revocatoria se incluyeron la necesidad de un periodo de transición más amplio del previsto inicialmente y un error en la especificación técnica de una planta eléctrica.
Este retraso en la licitación llevó a la declaración de una urgencia manifiesta, ante la cual Telefónica asumió nuevamente el soporte por medio de un contrato temporal, con el que se garantizó la continuidad de la mayoría de los servicios hasta que se resolviera el proceso de adjudicación.
El contrato inició el 1 de agosto de 2023 y se extendió hasta el 27 de marzo de 2024. A medida que se agotaba ese periodo, el SENA no avanzó con una nueva licitación, pero comenzó a asumir internamente algunas funciones y servicios, como las videoconferencias, a través de su oficina de sistemas. No obstante, volvió a recurrir a un segundo contrato de urgencia, esta vez con menos servicios, el cual finalizó el 27 de octubre pasado.
Según indican ambas partes, la comunicación siempre fue buena; sin embargo, en los últimos meses, el SENA la redujo a lo estrictamente necesario, lo cual dificultó la coordinación para una transición ordenada de los servicios.
Previo al vencimiento del último contrato no hubo respuesta de la entidad de capacitación técnica para coordinar un cronograma de desconexión y cierre de servicios. Por lo tanto, como lo indicaba el contrato, Colombia Telecomunicaciones procedió a desconectar la infraestructura de servicios en la medianoche del domingo 27 de octubre.
Contrato interadministrativo con Internexa
Como parte del plan de ‘Transformación Tecnológica’, el SENA firmó a finales del año pasado un contrato interadministrativo con Internexa, con el objetivo de que esta empresa se encargue, en adelante, del suministro del servicio de Internet a la entidad.
Sin embargo, el contrato se limita exclusivamente al servicio de internet y no abarca otros componentes esenciales para el ecosistema digital del SENA, como aplicaciones, centros de datos, redes internas, ciberseguridad o suministro eléctrico, como sí lo hacía el anterior contrato.
Es un comunicado del 31 de octubre, Internexa se desliga de la responsabilidad en la situación actual: “Los inconvenientes que se han presentado recientemente responden a desafíos propios del SENA en el proceso de transición a su nueva solución integral de tecnología, dentro de la cual Internexa actualmente provee los servicios de Internet”.
¿Y ahora qué?
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y un comunicado del SENA (única mención oficial del tema por parte de su director, Jorge Eduardo Londoño) aseguran que la nación ahorrará 99 mil millones de pesos.
El tiempo dirá si este ahorro se materializa; sin embargo, el verdadero reto apenas comienza: restaurar todos los servicios y cubrir la ausencia de los 50.000 equipos que se retirarán para garantizar la continuidad operativa y la seguridad en los servicios críticos. Todo esto en medio de una crisis que podría haberse evitado mediante una transición coordinada.
Con la comunidad educativa seriamente afectada, el próximo paso del SENA será clave para restablecer la confianza y asegurar un soporte tecnológico estable para 8 millones de estudiantes y profesores.
