El doble casco es una tecnología de ingeniería naval que consiste en una segunda capa o pared en el casco de las embarcaciones, diseñada para brindar protección adicional contra fugas y derrames. Surgió en 1992, como reacción de la Organización Marítima Internacional tras el siniestro del Erika en las costas francesas, y quedó consignado como la norma MARPOL.
Desde el siglo pasado ya es un estándar de seguridad para reducir derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua, y las normas obligaban a las empresas de transporte a adoptar el doble casco a más tardar en 2024, pero el Ministerio de Transporte decidió extender el plazo hasta 2034 para las embarcaciones en el río Magdalena y 2039 en los otros ríos.
Su implementación ha demostrado ser clave para prevenir desastres ambientales. En Estados Unidos la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 obligó a la conversión de todos los buques y barcazas petroleras a doble casco antes de 2015, sin más plazos. Tras la norma MARPOL, Europa tomó nuevas medidas tras el hundimiento del petrolero monocasco Prestige en 2002. Y desde entonces no volvieron a ocurrir derrames de magnitud.
Incluso países latinoamericanos con grandes cuencas fluviales, como Brasil y Argentina, han adoptado regulaciones acordes con estos estándares internacionales para sus ríos, conscientes de la importancia de esta tecnología preventiva .
Colombia ha suscrito convenios internacionales que abogan por el uso de doble casco en buques tanque, y si bien más del 70 % de las embarcaciones en el país tienen doble casco, las autoridades han extendido varias veces el plazo para que las empresas del sector que aún tienen barcazas monocasco cumplan la norma.
Impacto ambiental de los derrames en los ríos colombianos
Los derrames de petróleo o combustibles en ríos generan impactos ambientales graves y duraderos. Colombia enfrenta un riesgo considerable dado el volumen de hidrocarburos que navega por ellos: en promedio, cada año se movilizan 4 millones de toneladas de carga por el río Magdalena, y más del 95 % corresponde a productos derivados del petróleo.
Un accidente en estas condiciones puede liberar grandes cantidades de crudo al ambiente. Colombia ha registrado más de 2.100 incidentes y derrames de hidrocarburos entre 2015 y 2022, una cifra que evidencia la frecuencia de estos eventos (aunque incluye todo tipo de fallas operacionales de las empresas petroleras, así como ataques de grupos armados, entre otros, pero a su vez las autoridades no pueden garantizar que no haya un subregistro en los reportes).
En 2017, un choque entre embarcaciones cerca de El Banco (Magdalena) provocó el derrame de 2.500 barriles de combustible. El crudo se dispersó corriente abajo, cubriendo tramos del río con una mancha negra que amenazó con llegar hasta el Caribe.
Las capas de hidrocarburo sobre el agua reducen el oxígeno disponible, afectan peces, aves y plantas acuáticas, y pueden tardar años en degradarse. La protección que ofrece el doble casco es esencial para evitar que un accidente se convierta en desastre.
Consecuencias sociales de la contaminación de los ríos
Los impactos sociales de un derrame en los ríos son tan preocupantes como los ambientales. Más de 130 municipios dependen del río Magdalena para abastecer sus acueductos. Millones de personas obtienen agua para consumo de fuentes que podrían contaminarse.
Una sola fuga de petróleo puede dejar a comunidades enteras sin agua potable. Además, muchas comunidades ribereñas viven de la pesca y de los recursos que el río proporciona.
Los derrames, además, destruyen la fauna acuática. En grandes emergencias se han reportado miles de peces muertos y animales afectados, arruinando la pesca local y el sustento de las familias.
Los ríos contaminados pierden su función como fuente de vida: el agua deja de servir para riego, consumo o recreación. También hay afectaciones a la salud, como enfermedades respiratorias y de la piel por exposición a hidrocarburos.
¿Por qué el Ministerio de Transporte sigue aplazando de la medida del doble casco?
A pesar de los riesgos conocidos, el Gobierno de Colombia decidió aplazar nuevamente la exigencia del doble casco para el transporte fluvial de hidrocarburos, pese a que la protección del medio ambiente y de la vida es uno de sus mensajes bandera.
Las nuevas fechas límite son 2034 para las embarcaciones en el río Magdalena y 2039 en los otros ríos del país. Esto representa un retraso de 15 años respecto a la norma anterior, y más de 30 años frente a los países pioneros.
La norma inicial de 2015 estipulaba una conversión gradual del 100 % de la flota antes de 2020. Esa meta se aplazó varias veces: primero hasta 2024, luego hasta 2028, y ahora hasta 2034-2038.
El Ministerio de Transporte justificó la prórroga por las dificultades económicas de las navieras. Sin embargo, se estima que más del 70 % de las empresas ya cumplen con la norma, y expertos advierten que este mensaje es permisivo y desincentiva el cumplimiento de la norma.
Mientras algunas empresas ya hicieron la inversión en doble casco, otras han evitado el cambio, sin consecuencias reales ni responsabilidades. Esta situación genera desigualdad empresarial –las empresas con barcazas monocasco pueden ofrecer mejores tarifas, pero a su vez exponen los ríos a nuevos derrames.
Llamado de la comunidad científica y ambiental al gobierno colombiano
La comunidad científica y ambiental ha pedido revertir la decisión. La medida del doble casco no es una formalidad, sino una necesidad urgente para proteger los ríos, la vida silvestre y las comunidades.
Este grupo de expertos recuerda que en otros países estas medidas se tomaron luego de desastres. Colombia tiene la oportunidad de actuar a tiempo sin esperar una tragedia –aunque ya ha habido muchos derrames, pero ninguno de gran magnitud.
Proponen que el gobierno no aplace más la exigencia del doble casco, y la acompañe con incentivos para facilitar la transición a quienes no hayan avanzado en la adopción de esta tecnología.
