México es un país grande, diverso, complejo y desigual; es común escuchar la expresión “México se compone de varios Méxicos” que ilustra esta diversidad. Cada región tiene sus problemáticas propias; sin embargo, hay algunos desafíos comunes que representan un obstáculo para lograr la conectividad universal.
En 2020, los operadores de telecomunicaciones mexicanos invirtieron 970.632 millones de pesos (4.700 millones de dólares, aproximadamente) y el sector de las telecomunicaciones aportó el 2,7 % del Producto Interno Bruto Nacional. “Aun hay mucho por hacer, pero considero que vamos en el camino correcto para garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, consolidar condiciones de competencia y una regulación que promueva la innovación tecnológica”, aseguró Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT, en entrevista exclusiva con ImpactoTIC.
Con respecto a los proyectos de inversión que se están desarrollando en México para proveer de conectividad a las regiones cercanas y apartadas del país, el comisionado Juárez Mojica dijo que un enfoque holístico debe reconocer que se necesitan varias políticas al mismo tiempo con diversos alcances para acelerar el cierre de las brechas digitales. “Se requiere de un entorno regulatorio adecuado para cerrar la brecha de mercado y minimizar las zonas que requieren apoyo estatal; coinversiones privadas y público-privadas, políticas de subsidios focalizados en esas zonas donde los proyectos requieren un empujón para su arranque y, finalmente, proyectos donde se tendrá que subsidiar permanentemente la demanda”.
Impacto TIC: ¿Podría hacernos un balance del estado actual de las telecomunicaciones en México?
Javier Juárez Mojica: Sin duda alguna, las telecomunicaciones han cobrado una gran relevancia en nuestras vidas. Han facilitado, destacadamente a raíz de la pandemia, la comunicación entre las personas y el acceso a servicios de educación, salud, financieros, comerciales y recreativos, por mencionar solo algunos.
Si hay que hacer un balance del estado actual de las telecomunicaciones, podemos comenzar diciendo que a diciembre de 2020 ya éramos 84,1 millones de usuarios de Internet en México (Endutih 2020), lo que representa el 72 % de la población. Por un lado, los accesos del servicio fijo de Internet pasaron de 11,8 a 23,0 millones en 2021 (cifra de junio de 2013 a junio de 2021), lo que representa un aumento de 94,4 %. Hoy, 62 de cada 100 hogares cuentan con Banda Ancha Fija. En cuanto a los servicios móviles, la penetración de Banda Ancha Móvil se triplicó: en 2013, 23 de cada 100 habitantes tenían Internet en su celular; hoy, 80 de cada 100 habitantes cuentan con el servicio.
A partir de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones de 2013, hemos tenido avances en beneficio de los usuarios, no solo en cuanto a cobertura, sino también en cuanto a calidad y precio. Impulsados, entre otras cosas, por mejoras en las condiciones de competencia, a diciembre de 2020 los precios de los servicios de telecomunicaciones en su conjunto cayeron 26,7 % (respecto a 2013). Por lo que hace a los precios de telefonía móvil, bajaron 43,9 % (BIT IFT, diciembre, 2021), mientras que la inflación fue de 37,7 % de 2013 a 2020.
Respecto a la calidad, en Banda Ancha Fija, las contrataciones de mayores velocidades –de 20 Mpbs o más– aumentaron de 46,4 % en agosto de 2019 a 65,3 % en mayo de 2021 (Segunda encuesta 2021, usuarios de servicios de telecomunicaciones). En accesos móviles, el 90 % de la población en México tiene cobertura 4G.
A pesar de las afectaciones por la pandemia, los operadores siguen invirtiendo. La inversión total en telecomunicaciones tuvo un incremento anual del 6,5 % en términos reales de 2019 a 2020, dentro de la que destaca el aumento anual de 21,1 % de la inversión en infraestructura.
¿Cuáles son los grandes desafíos que debe enfrentar el país para estar conectado?
En primer lugar, un factor muy relevante es el elevado costo del espectro, que está sobrevaluado un 60 % respecto a la media internacional. Esto significa que los operadores destinan un monto muy alto de sus ingresos para pagar los derechos anuales establecidos por el Congreso en la Ley Federal de Derechos. En la práctica esto se traduce en una menor inversión e incluso en la devolución de espectro, como ocurrió en el caso de Telefónica recientemente –en 2019, Telefónica México decidió regresar todo el espectro radioeléctrico que tenía en las bandas 850, 1.900 y 2.500 MHz, renunciando a sus concesiones ante el IFT, debido al alto costo que le representaba el espectro para su operación, optando por utilizar la infraestructura de AT&T para que de manera paulatina se convierta en un Operador Móvil Virtual (OMV)–. Esta problemática también se reflejó en la última licitación de espectro para servicios móviles, la IFT-10, en la que sólo hubo ofertas para tres de los 41 bloques ofrecidos.
En tanto el espectro radioeléctrico no sea asequible, su costo seguirá representando una barrera para el despliegue de redes y una limitante al derecho universal de acceso a las TIC y a los servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, consagrados en nuestra Constitución.
Un segundo factor se relaciona con la infraestructura. De acuerdo con datos de Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), en 2019 casi el 16 % de los hogares que contaban con computador no tenían Internet debido a la falta de infraestructura en el lugar donde viven. El reto de cobertura en México sigue siendo importante y se agrava debido a una orografía accidentada y a que una proporción de la población está dispersa en muchos municipios, particularmente en estados como Chiapas o Oaxaca.
Esto implica que el costo marginal de proveer servicios de telecomunicaciones en este tipo de localidades apartadas es muy elevado y aunado a la menor capacidad de pago, resulta en regiones que no son atractivas para la inversión privada y que cubrirlas requerirá necesariamente la participación del Estado.
A fin de optimizar la intervención del Estado, es necesario, en primer lugar, maximizar la cobertura por el mercado. En este sentido, se requiere facilitar el despliegue de infraestructura, un tema en el que están sobrediagnosticados los obstáculos que enfrentan los operadores a nivel local y municipal para instalar elementos de infraestructura.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), la obra civil para el despliegue de redes de fibra óptica representa cerca del 68 % de los costos del primer año (Derechos de paso públicos para implementaciones de fibra en el hogar, Ocde, 2008), y no solamente son un componente importante en la inversión, sino que los permisos alrededor de estos se han convertido en un verdadero obstáculo. En muchos casos no existen trámites destinados al despliegue o renovación de infraestructura de telecomunicaciones, también se presentan limitaciones por el uso del tipo de suelo, y además no existe certidumbre sobre un posible tiempo de respuesta.
Desde el Instituto, como autoridad de competencia económica, recientemente hemos emitido recomendaciones normativas dirigidas a las autoridades en el Estado de México y Guanajuato para atender las áreas de oportunidad de la legislación local aplicable a la construcción y mantenimiento de infraestructura.
Otro reto es el despliegue de 5G, Wi-Fi 6 y otras tecnologías que permitan la innovación asociada a la transformación digital. Aquí, la tarea del regulador es fomentar y permitir los avances de la transformación digital, no solo regular, sino observar y comprender su impacto en la economía, medir el bienestar en la era digital, diseñar y rediseñar nuevos enfoques en la regulación, como la regulación colaborativa o la regulación blanda.
Con esta visión de dónde estamos y a dónde queremos llegar lanzamos nuestro plan estratégico 2021- 2025 en la Hoja de Ruta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
¿Qué proyectos de inversión se están desarrollando en México para proveer de conectividad a las regiones cercanas y apartadas del país?
Además de las inversiones que siguen realizando los operadores móviles comerciales, en México están en marcha proyectos con participación del Estado que buscan acercar el acceso a los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones que no cuentan con ellos.
La Red Compartida es un proyecto de telecomunicaciones con participación privada y del Estado, que surgió a partir de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones de 2013 y tiene entre sus objetivos cerrar la brecha digital y facilitar la adopción de tecnologías de la información en zonas urbanas y rurales. Hoy, más de 73 millones de mexicanos cuentan con la cobertura de la Red Compartida y se espera que en enero de 2022 logre una cobertura del 70 % de la población. Se tiene previsto que a enero de 2024 cuente con una cobertura del 92,2 % de la población mexicana.
Con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e Internet, el Ejecutivo Federal creó la empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, en 2019.
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene entre sus funciones conformar una red pública de telecomunicaciones sin fines de lucro, en condiciones de acceso efectivo a la población del país que no cuente con cobertura de dichos servicios, haciendo uso de las capacidades de la fibra óptica, así como la infraestructura activa y pasiva de que disponga la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se instalará Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios.
Por otro lado, y si bien no se trata de un proyecto específico de cobertura, considero que en la medida que la conectividad se utilice para casos de uso diversos, los proyectos serán más rentables y fáciles de sostener. Es decir, no es lo mismo proveer de conectividad a una localidad y que solamente se aprovechen los servicios de llamadas telefónicas o acceso a redes sociales, a utilizar esa conectividad para aplicaciones de salud, inclusión financiera, educación, comercio electrónico, etc. El aprovechamiento de los servicios en esos sectores diversos fomentará el desarrollo de las regiones y la sostenibilidad de los proyectos que contribuyen a cerrar las brechas digitales.
¿Qué tienen planeado desde el gobierno para que más mexicanos tengan acceso a Internet y a las oportunidades de desarrollo digital?
Por parte del IFT tenemos varias tareas como regulador. En primer lugar, asignar el espectro necesario, de manera eficiente. Esto abarca desde la identificación de bandas de frecuencias, reorganizar el espectro cuando es necesario, superar desafíos de convivencia entre los servicios, así como el diseño y ejecución de las subastas. De hecho, según estudios realizados por el propio IFT, estimamos que para servicios móviles podríamos contar hasta con 11.190 MHz.
Por otro lado, promovemos el despliegue y la compartición de infraestructura a través de la regulación al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones y demás regulación que es aplicable a todos los operadores, por ejemplo:
- ‘Lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura’ (2019): este sistema será una especie de inventario de la infraestructura activa, infraestructura pasiva, medios de transmisión, derechos de vía, sitios públicos y sitios privados, de los concesionarios, autorizados, autoridades de seguridad y procuración de justicia, instituciones públicas, universidades, centros de investigación públicos e incluso particulares. Esta herramienta resultará muy importante en términos de compartición, planeación o incluso coinversión para el despliegue de infraestructura, y particularmente nos permitirá donde hay infraestructura que puede ser aprovechada.
Relacionado con los casos de uso a los que previamente me referí (aunque no es el único tema), el Instituto ha puesto en marcha el Comité Técnico en materia de Despliegue de 5G en México (Comité 5G), que es un órgano técnico, de carácter consultivo, que permitirá la interacción entre el Instituto, la industria, la academia, los entes públicos y cualquier otra persona interesada, para exponer las necesidades, estrategias, prospectiva y estudios de 5G actuales y futuros y emitirá recomendaciones no vinculantes para el Instituto.
Finalmente, y no menos importante, también buscamos facilitar la adopción de nuevas tecnologías entre la población a través de campañas y acciones de alfabetización digital.
¿Cómo se va a reducir la brecha digital?
La expansión de las redes de fibra es un primer paso indispensable para cerrar la brecha digital (disminuyendo la brecha de cobertura), pero debe ser acompañada de políticas dirigidas a disminuir la brecha de asequibilidad (a través de precios competitivos) y la de apropiación (conectividad ¿para qué?).
Además del costo del espectro al que ya me he referido, es necesario seguir colaborando con los 3 órdenes de gobierno para generar condiciones de certeza que promuevan las inversiones necesarias para el desarrollo eficiente del sector de telecomunicaciones.
Además de las estrategias para incrementar la oferta, hay que atender el lado de la demanda. Aquí es importante disminuir la brecha de apropiación, como mencionaba. Que la gente tenga confianza para utilizar banca y compras en línea, que tenga los conocimientos para generar contenidos propios e interactuar con sus autoridades gubernamentales por medios tecnológicos. La ciberseguridad y la alfabetización son tareas que se deben reforzar permanentemente.
En ese tenor, el Instituto ha desarrollado diversas iniciativas:
- Micrositio de ciberseguridad, dirigido a usuarios para promover el uso responsable y seguro de los servicios y dispositivos de telecomunicaciones.
- El Programa de acciones para promover la confianza en el ecosistema digital, con el que buscamos construir una alianza con organismos gubernamentales, asociaciones civiles y la iniciativa privada, a través de la concertación de acciones específicas de diversos actores involucrados en el entorno digital, se empodere a los usuarios finales a través de las medidas que se desprendan del programa y del diseño y difusión de contenidos informativos que promuevan la confianza en el entorno referido y el uso informado, responsable y seguro del acceso a Internet.
- Otro proyecto en el que estamos trabajando es la labor de promoción ante funcionarios locales. Consideramos que es fundamental concientizarlos sobre las implicaciones para el desarrollo que tiene la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones (mayor desarrollo humano, mayor acceso a servicios públicos y privados, telesalud durante la pandemia, teleeducación, teletrabajo).
- Por otro lado, el 6 de octubre pasado, el Instituto creó el Comité 5G, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de 5G en México y contar con la participación de la industria, la academia, entes públicos y otras partes interesadas para presentar necesidades, problemáticas, estrategias, y estudios. En el Comité se elaborarán contribuciones que contengan propuestas al Instituto para impulsar el desarrollo y despliegue de 5G en México, a partir del análisis y discusión de técnicas, estrategias y el intercambio de opiniones, criterios y puntos de vista respecto a las necesidades, prospectiva y estudios de 5G en el país.
El Comité es un órgano técnico, de carácter consultivo, que permitirá la interacción entre el Instituto, la industria, la academia, los entes públicos y cualquier otra persona interesada, para exponer las necesidades, estrategias, prospectiva y estudios de 5G actuales y futuros, y emitirá recomendaciones no vinculantes para el Instituto, que incluso se podrán compartir con otras autoridades involucradas en el ámbito de sus competencias.
Finalmente, el Instituto, a través de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, ha trabajado en una propuesta para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para reformar la Ley Federal de Derechos e incorporar un esquema de acreditación de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, para llevar cobertura a localidades sin servicio móvil de acceso a Internet.
La propuesta implica adicionar un artículo a la ley para incentivar la inversión de los concesionarios actuales de bandas de frecuencias para servicios de telefonía e Internet móviles.
Esta propuesta del Instituto trae consigo los beneficios siguientes:
- Promover el establecimiento de servicios de telecomunicaciones móviles, principalmente Internet móvil a localidades que actualmente no cuentan con servicios, y
- Amortiguar la carga del pago de derechos anuales por el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para los concesionarios para prestar el servicio de acceso inalámbrico.
¿Puntualmente qué se está haciendo en materia de fibra óptica y la construcción de infraestructura en telecomunicaciones?
Para fomentar el despliegue y compartición de infraestructura, promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión así como la provisión de dichos servicios en condiciones de competencia y libre concurrencia, el IFT ha emprendido diversas acciones, como la creación del Micrositio de Despliegue de Infraestructura, en el que el IFT ha puesto a disposición de los interesados información relacionada con aspectos técnicos, normativos y económicos que otorguen certeza sobre las condiciones prevalecientes para llevar a cabo proyectos de inversión en infraestructura más productivos y de alto impacto, que contribuyan a un desarrollo más eficiente del sector.
El Micrositio busca ser una plataforma facilitadora de información, a través de la compilación de leyes, reglamentos y disposiciones técnicas y regulatorias relacionadas con el despliegue de infraestructura en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión; así como una plataforma en la que pueda accederse a diversos documentos de investigación sobre el desarrollo de infraestructura, de mejores prácticas, entre otras referencias que permitan coadyuvar en el despliegue de infraestructura.
Por otro lado, el 28 de octubre de 2019, el Instituto emitió los Lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura, que es una herramienta centralizada con información sobre la ubicación, características, aprovechamiento, capacidad de la infraestructura instalada en todo el país, a través de una base de datos nacional georreferenciada que contenga los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y sitios públicos.
El 15 de enero de 2020, el Instituto emitió los Lineamientos para el Despliegue Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tienen por objeto promover el despliegue de infraestructura asociado a redes públicas de telecomunicaciones, estaciones de radiodifusión y equipos complementarios; fomentar el acceso y uso compartido de infraestructura, así como establecer las condiciones que permitan el acceso de distintos concesionarios a los elementos de infraestructura de otros concesionarios instalados en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier otro inmueble, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión y la provisión de dichos servicios en condiciones de competencia y libre concurrencia.
Imagen principal: Serramdlc (Wikimedia Commons).
