La aprobación de la fusión entre Tigo y Movistar –con condicionamientos– por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no solo crea un segundo operador con escala: termina un ciclo de más de dos décadas en el que las autoridades colombianas apostaron por “más jugadores” como sinónimo de competencia efectiva.
Pero el resultado de esa competencia medida por número de empresas y no por su eficiencia fue otro: un mercado crecientemente asimétrico en el que un operador concentra el 57 % de los usuarios de Internet móvil y el 61 % de los ingresos, mientras el resto se reparte las pérdidas y lidia con una capacidad de inversión cada vez menor.
Con la unión, Telefónica termina de retirarse de Colombia –y de su quinto mercado de América Latina–, mientras que Millicom asegura continuidad operativa para su principal operación en esta parte del mundo; pero, sobre todo, se reconoce que la pluralidad de empresas sin escala financiera no alcanza para sostener cobertura, calidad e innovación. Lo que se les reclama a diario a estas compañías.
Si bien ya se dio el paso más importante, para concretar el cierre del acuerdo empresarial deben avanzar las ventas de la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo-UNE y de las acciones del Estado —en cabeza del Ministerio de Hacienda— en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), donde la Nación mantiene cerca del 32,4 %. Ninguno de estos procesos representa un obstáculo relevante.
Pero la aprobación no fue un cheque en blanco: llegó acompañada de un paquete robusto de condicionamientos orientados a evitar riesgos en los mercados mayoristas y minoristas, especialmente para los OMV, WOM y los operadores con menor escala.
Los condicionamientos
- En el frente mayorista, la Superintendencia ordena al nuevo operador integrado que mantenga tarifas con descuento para los OMV, garantizar las condiciones vigentes en los contratos basados en revenue share y eliminar cualquier cláusula anticompetitiva en acuerdos de acceso. Además, la SIC estableció un régimen de supervisión previa para cualquier modificación contractual y permitió que los operadores escojan las condiciones más favorables entre contratos históricos de Tigo y Movistar. También se exigió que los costos de la integración técnica no se trasladen a los OMV ni a WOM, para preservar su capacidad competitiva en el mercado.
- En el mercado minorista móvil, la SIC estableció obligaciones estrictas en cuanto a transparencia y comportamiento comercial. Tigo deberá informar a los usuarios, de manera clara y multicanal, sobre la integración y sus efectos; desagregar en la factura los precios de los servicios empaquetados para evitar distorsiones; y abstenerse de lanzar campañas dirigidas específicamente a usuarios de WOM, OMV u operadores entrantes. Solo podrá responder a campañas de estos competidores bajo condiciones equivalentes y sin ofrecer ventajas desproporcionadas.
La Superintendencia complementó estas obligaciones con un esquema de informes trimestrales y la designación de un auditor externo independiente para vigilar el cumplimiento de todos los condicionamientos, garantizando así que la integración no derive en “prácticas exclusorias” ni en pérdida de pluralidad competitiva. - En el segmento fijo y en la infraestructura de fibra, la SIC impuso medidas especiales relacionadas con ONNET —la red neutral de fibra que Movistar opera junto a KKR— para evitar riesgos verticales y de acceso. La nueva empresa deberá garantizar la independencia operativa y de gobierno corporativo de ONNET, así como evitar cualquier tipo de bloqueo, discriminación o manipulación de información sensible que afecte a competidores como ETB, Claro o proveedores regionales.
- Para el mercado minorista fijo, la Superintendencia ordenó igualar tarifas en municipios donde la consolidación pueda aumentar la concentración, tomando como referencia los precios de ciudades ancla como Bogotá, Pasto, Popayán o Soacha. Cuando existan condiciones más favorables que las actuales, estas deberán mantenerse.
¿Qué pasó con las peticiones de WOM y Claro?
La SIC rechazó las solicitudes de Claro y WOM en el marco de la integración. En el caso de Claro, negó eliminar o trasladar las medidas asimétricas que le aplica la CRC, al considerar que solo puede imponer remedios sobre las empresas que se integran y no sobre terceros.
Respecto a WOM, la Superintendencia descartó sus peticiones de acceso preferente o capacidad subsidiada, dado que, según esta, ninguna autoridad puede utilizar un proceso de integración para subsidiar o garantizar la sostenibilidad de un competidor específico.
Qué cambia para el usuario (y qué no)
Según personas relacionadas con el proceso, en lo inmediato, el usuario no deberá percibir cambios: su servicio seguirá activo, sus planes se honrarán y las migraciones —cuando lleguen— deben ser imperceptibles desde el punto de vista de la experiencia. En el corto y mediano plazo, sí hay espacio para mejoras palpables: mejor cobertura en interiores, menor congestión en picos de tráfico por mayor capacidad agregada y menor variabilidad en la calidad de datos por optimización del uso de espectro y sitios.
El gran examen será si esa eficiencia se traduce, además, en ofertas y planes competitivos.
El duopolio
La discusión sobre la conformación de un “duopolio del 90 %” pasa por alto que la concentración del mercado móvil colombiano no surge con la fusión, sino que la precede por más de una década.
Hoy Claro concentra alrededor del 61,5 % de los ingresos de Internet móvil, mientras que Tigo y Movistar, incluso sumados, alcanzarían cerca del 32 %.
La integración no crea un nuevo problema de concentración: es un efecto e intenta corregir uno que ha sido diagnosticado por años por la CRC, la OCDE y distintos centros de investigación, sin que se hayan adoptado medidas regulatorias capaces de equilibrarlo.
En un entorno marcado por la pérdida de escala de los operadores más pequeños, la caída estructural de la rentabilidad y más de 3 billones de pesos en pérdidas acumuladas por los competidores del líder del mercado, la operación no elimina pluralidad ni reduce el número de opciones reales para los usuarios; construye un segundo jugador con la escala necesaria para competir en inversión, cobertura y calidad.
Interpretarla como una amenaza desconoce que el mercado ya era uno de los más concentrados del mundo y que la fusión es, más que una causa de ese fenómeno, una consecuencia directa de él.
Pero lo que no se puede olvidar acá es que la principal responsabilidad sobre esta situación es del Estado, que durante años dejó avanzar la concentración sin tomar decisiones estructurales concretas. El Ejecutivo nunca logró articular una política de telecomunicaciones coherente; una Comisión de Regulación de Comunicaciones desdibujada e incapaz de corregir las asimetrías que ella misma diagnosticaba; y una subasta de espectro —mal diseñada y de afán— terminó agravando la fragilidad financiera de los operadores más pequeños.
La integración de Tigo y Movistar es una maniobra oportunista de dos multinacionales extranjeras. Es la consecuencia directa de un Estado que vio los desequilibrios, pero poco hizo para corregirlos.
