En la última edición de los Live TIC de Impacto TIC en 2024, se debatió sobre la regulación de contenidos digitales en Colombia, un tema que intersecta libertad de expresión, salud mental y desarrollo tecnológico.
Bajo la moderación de Mauricio Jaramillo Marín, participaron María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE); Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma; Alfredo Deluque, senador de la República; y Sadi Contreras Fuset, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
El proyecto de Ley 029 de 2024 que busca proteger la salud mental de los colombianos, pero ha generado controversia por su enfoque en la regulación de contenidos digitales, y el artículo número 8 es el que más tension genera. Sin embargo, no es el único proyecto legislativo relacionado con regulación de contenidos y plataformas digitales, también está sobre la mesa el Proyecto Ley de Protección a Menores de Edad en Redes Sociales.
Adicionalmente, se estima que hay al menos 1498 proyectos de ley en la región relacionado con regulación de plataformas.
Catalina Moreno abrió el debate enfatizando la presión regulatoria en el país. “En Karisma hacemos seguimiento a 70 proyectos de ley relacionados con tecnología. Esto refleja una inflación legislativa que dificulta un debate técnico y sosegado”, señaló. Según Moreno, es crucial priorizar sectores clave en lugar de abordar simultáneamente múltiples frentes sin un marco coherente. Además, cuestionó la viabilidad de modelos europeos como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) en contextos locales: “El DSA depende de un poder geopolítico y estructuras que no tenemos en Colombia. Necesitamos soluciones propias, adaptadas a nuestra realidad”.
El senador Alfredo Deluque coincidió, advirtiendo sobre los riesgos de copiar modelos extranjeros sin considerar las particularidades locales. “Mientras Europa es un desierto digital, Colombia tiene un talento joven que podemos aprovechar para construir un ecosistema competitivo”, afirmó. Deluque resaltó la importancia de atraer inversión y fomentar la formación tecnológica como pilares de una regulación efectiva.
Regulación: Entre corregulación y regulación vinculante
El debate en relación a la regulación fue central. Sadi Contreras explicó que el proyecto se basa en la “corregulación” —un modelo que combina autorregulación y regulación estatal—, Alfredo expresó sus reservas hacia este enfoque. “Hablemos de regulación vinculante. Necesitamos normas claras y efectivas que protejan a los menores sin comprometer la libertad de expresión”, enfatizó.
María Fernanda complementó esta visión señalando que cualquier regulación debe ser fruto de un debate amplio y técnico que incluya a todos los actores relevantes. También advirtió sobre el peligro de trivializar la discusión al polarizarla entre la protección de menores y la defensa de las plataformas. “La responsabilidad del cuidado de los menores es sistémica y no puede recaer exclusivamente en un solo actor”, afirmó.
El artículo 8, la libertad de expresión y el acceso a la información
Uno de los puntos álgidos fue el artículo 8 del proyecto de ley de salud mental, que algunos interpretan como un posible riesgo para la libertad de expresión y de acceso a la información en redes sociales. Mauricio Jaramillo recordó que esta propuesta surge en un contexto donde las plataformas digitales tienen un impacto ambivalente en la salud mental. Sin embargo, María Fernanda Quiñones alertó sobre la falta de articulación en el diseño de políticas: “Las discusiones no están armonizadas con los actores relevantes, lo que genera herramientas regulatorias débiles y desarticuladas”.
Quiñones destacó que, aunque regular es necesario, se debe evitar la sobrerregulación impulsiva que puede aislar al país de dinámicas globales: “Sin un análisis técnico robusto y participación plural, corremos el riesgo de crear barreras innecesarias que afectan el acceso y la innovación”.
Mauricio y Catalina aportaron perspectivas sobre la necesidad de un regulador que tenga las capacidades y recursos necesarios para implementar y hacer cumplir las regulaciones. Catalina indicó que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en su forma actual, no está preparada para asumir estas funciones sin una reforma significativa”. En su lugar, sugirió explorar alternativas, como otorgar responsabilidades a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ya cuenta con competencias jurisdiccionales.
Mauricio también mencionó estudios que revelan que un alto porcentaje de proyectos de ley relacionados con la libertad de expresión no cumple con los estándares internacionales. Esto refuerza la necesidad de un debate riguroso y fundamentado.
Salud mental y desinformación: dos caras de la misma moneda
El debate también abordó la relación entre desinformación y salud mental. Catalina Moreno señaló cómo decisiones aparentemente lógicas pueden tener efectos adversos: “Coljuegos, por ejemplo, regula influenciadores que promueven rifas o Bitcoin, pero esto podría afectar a quienes buscan financiar estudios mediante rifas legítimas”. Según Moreno, esta falta de precisión refleja un patrón en la legislación digital del país.
En este punto, Mauricio Jaramillo añadió que la buena intención de las normativas debe ir acompañada de análisis profundos: “Iniciativas mal diseñadas pueden terminar restringiendo derechos fundamentales o perjudicando a sectores vulnerables”.
Retos para una regulación efectiva, que incluya todas las voces
Los panelistas coincidieron en que el desafío principal es construir un marco normativo inclusivo y sostenible. Alfredo Deluque subrayó la falta de expertos en tecnología dentro de los organismos legislativos: “En Colombia y Europa, muchos congresistas desconocen estos temas, lo que resulta en decisiones equivocadas”. Para contrarrestar esto, sugirió fortalecer la formación técnica y abrir espacios de diálogo entre gobierno, industria y sociedad civil.
Por su parte, María Fernanda Quiñones concluyó que es fundamental entender las interconexiones entre distintos temas regulatorios: “Ciberseguridad, datos e Inteligencia Artificial no son debates aislados. Necesitamos una visión integral que considere las implicaciones democráticas y tecnológicas”.
El senador Alfredo Deluque destacó la complejidad de legislar sobre temas digitales en un contexto donde estos atraviesan prácticamente todos los sectores. Desde la educación virtual hasta la IA los desafíos regulatorios no solo exigen conocimiento técnico, sino también una visión integral que evite contradicciones normativas.
Deluque subrayó la importancia de formar a los legisladores para enfrentar esta “explosión de regulación” que se avecina. En este sentido, mencionó la creación del Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales, cuyo objetivo es capacitar a congresistas en temas digitales y, eventualmente, promover decisiones regulatorias uniformes en la región.
Moreno también planteó una reflexión sobre la necesidad de incluir a los niños y niñas en este debate. “Siento que cuando estamos hablando de este debate de niños y niñas, de una vez nos imaginamos al niño de dos años, pero también hay niños que son mayores y que nosotros les hemos dicho a los niños y niñas como ustedes pueden tomar la decisión desde chiquitos, incluso con qué papás se van cuando hay un divorcio. No hemos dado agencia porque reconocemos que los niños no son personas que tengan menores capacidades, simplemente son pues personas a las que hay que hablarles en otros términos. Y nosotros les hemos dicho ustedes pueden elegir eso, pueden elegir un montón de cosas, tienen derecho a ser consultados de todas las decisiones de su vida, pero acá ni siquiera son consultados“.
Esta perspectiva invita a repensar cómo integrar las voces de las generaciones más jóvenes en el diseño de políticas regulatorias inclusivas.
Regulación de contenidos digitales con perspectiva centrada en Derechos Humanos
Catalina Moreno ofreció una perspectiva centrada en los derechos humanos y la necesidad de elevar los estándares de transparencia y responsabilidad de las plataformas tecnológicas. Según Moreno, es esencial que Colombia y otros países del sur global adopten los estándares más altos en derechos digitales, como los establecidos en la Unión Europea.
La representante de Karisma planteó soluciones concretas, como:
- Mecanismos de apelación claros y efectivos: Moreno destacó la importancia de garantizar procesos transparentes para reportar y apelar decisiones sobre la regulación de contenidos en plataformas digitales.
- Fondos de reparación colectiva: Propuesta innovadora que buscaría que las plataformas contribuyan económicamente a mitigar daños causados por su uso, como los relacionados con violencia de género digital o contenido no autorizado.
- Debate sobre el progreso digital: Moreno cuestionó la percepción predominante de que digitalizarlo todo equivale a progreso. Planteó que es fundamental analizar las implicaciones de esta digitalización, especialmente en términos de acceso, equidad y privacidad.
La regulación de contenidos digitales en Colombia está en una encrucijada. Si bien es indispensable proteger la salud mental y garantizar la seguridad en línea, hacerlo sin una base técnica y sin incluir a todos los actores puede generar más problemas que soluciones. Como señaló Mauricio Jaramillo, “debemos ser responsables al legislar; lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino también el futuro del ecosistema digital en el país”. A lo que Moreno agregó: “Nuestras vidas ya no transcurren solo en el espacio físico, también en las plataformas. Necesitamos garantías“.
Este llamado resalta la urgencia de un enfoque equilibrado que proteja derechos fundamentales sin sofocar la innovación. El debate dejó claro que la regulación debe ser inclusiva, estratégica y adaptada al contexto colombiano. Solo así será posible aprovechar el potencial tecnológico sin sacrificar derechos fundamentales ni frenar la innovación.
