El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) y la Cancillería lideraron un taller técnico orientado a la sensibilización de proveedores de servicios digitales sobre el Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest. El encuentro, que contó con el respaldo del proyecto GLACY-e de la Unión Europea (Global Action on Cybercrime Enhanced) y el Consejo de Europa, busca preparar al país para una eventual ratificación de este instrumento jurídico, diseñado para agilizar la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas en investigaciones criminales.
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¿Qué implica el Segundo Protocolo Adicional para la justicia digital?
El Convenio de Budapest es el estándar global para la investigación y judicialización de delitos informáticos. Su Segundo Protocolo Adicional, firmado por 51 países incluyendo a Colombia, establece mecanismos de cooperación directa entre las autoridades y los proveedores de servicios de internet (ISP). Este marco legal permite obtener evidencia digital de manera ágil y directa a través de las fronteras, bajo estrictas garantías de protección de datos personales y respeto por los derechos fundamentales.
Durante la jornada, la ministra TIC, Carina Murcia, resaltó que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento que exige marcos normativos sólidos y capacidades técnicas coordinadas. Por su parte, la viceministra de Conectividad, Gloria Patricia Perdomo, señaló que el fortalecimiento de la ciberseguridad es un paso fundamental para que la señal técnica se convierta en un “acceso efectivo” y seguro para la población.
¿Cuál es el rol de los proveedores de servicios en este ecosistema?
El taller reunió a representantes de los proveedores de servicios digitales, quienes son considerados actores estratégicos en la cadena de custodia y entrega de información necesaria para perseguir el cibercrimen. En el espacio se analizaron casos prácticos y desafíos jurídicos asociados a la evidencia digital cuando las investigaciones trascienden los límites territoriales.
El sector privado identificó retos operativos y normativos para la implementación del protocolo en el país. Néider Úsuga, experto en ciberseguridad de Tigo Colombia, afirmó: “Debe existir una conciencia de cooperación entre equipos técnicos, jurídicos y tecnológicos para enfrentar un cibercrimen que hoy trasciende fronteras”.
¿Cómo se prepara la institucionalidad colombiana para este cambio?
El Colcert, adscrito al Ministerio TIC, actúa como el articulador técnico nacional que promueve la integración de estándares internacionales con las capacidades de las autoridades investigativas y el sector privado. Paralelamente, la Cancillería acompaña el análisis de los ajustes normativos e institucionales necesarios para que el Estado colombiano formalice la ratificación e implementación efectiva de este instrumento.
Catalina Stroe, gerente de programa del proyecto GLACY-e, destacó el compromiso de las autoridades nacionales en avanzar hacia la ratificación de este instrumento, al cual calificó como “vital para fortalecer la cooperación internacional” y facilitar la obtención de pruebas de forma directa. Con estas acciones, Colombia busca consolidar un entorno digital más resiliente, garantizando que el avance tecnológico esté respaldado por una arquitectura jurídica capaz de responder a las amenazas globales.
