La tregua entre los principales operadores de telecomunicaciones llegó a su fin el jueves pasado, cuando Claro convocó a los medios para reafirmar su compromiso de participar en la subasta de 5G y, de paso, criticar el acuerdo de compartición de red móvil entre Tigo-UNE y Telefónica Movistar, así como al mismo proceso de adjudicación de espectro.
Claro, fiel a su costumbre de cara al inicio de una nueva convocatoria para asignación de espectro radioeléctrico, que oficialmente arranca este primero de agosto con la publicación del borrador de la licitación, ‘calienta el partido’, como lo hacen los futbolistas antes de los clásicos.
Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, manifestó a los periodistas preocupaciones como que se dispongan menos Megahercios en la banda de 3.5 GHz, cuando el estándar internacional es de 100 MHz para tener “mejor velocidad, latencia y demás”, y que las obligaciones de cobertura sean solo con 5G cuando 4G es más eficiente para cubrir mayor superficie. Es decir, comentarios que no son nuevos en esta etapa y son de interés general en el sector.
Dicho lo anterior, el ejecutivo la emprendió contra la creación de una nueva compañía de infraestructura de acceso móvil entre Movistar y Tigo, que les permita hacer más eficiente la gestión de redes de cara al 5G, y salvavidas para la empresa controlada por la luxemburguesa Millicom (Tigo), cuya operación en Colombia está a punto de hacerse inviable.
Para Claro, un acuerdo como este (que se encuentra en estudio en la Superintendencia de Industria y Comercio) cambiaría las normas establecidas hasta ahora y podría producir efectos en la competencia. Por ello, subrayó la importancia de mantener la igualdad de condiciones en el ámbito competitivo.
Y fue más allá al calificar el acuerdo como una “fusión” entre las empresas, por lo que llamó al gobierno a que garantice la inversión y que no se perjudique el servicio. En resumen, que no se aprueben los acuerdos entre sus dos competidores.
Una vez los representantes de Telefónica conocieron lo dicho por Archila, el presidente de la empresa, Fabián Hernández, respondió con una dura carta enviada al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en la que, además de desmentir que haya una fusión, afirma que Claro está divulgando “información imprecisa y falsa” para generar un ambiente negativo en la opinión pública y evitar cambios regulatorios que afecten su posición dominante en el mercado.
Y cuestiona que, a pesar de la declaratoria de Claro como operador dominante en los servicios móviles en 2021, nunca se tomaron medidas al respecto.
Además, acusa a la compañía mexicana de usar recursos públicos, de proyectos como Hogares Digitales y Centros Digitales, que suman 1,3 billones de pesos, para fortalecerse en el mercado fijo y explotar su posición dominante en las subastas de espectro, lo que -según Hernández- afecta a otros competidores. Por lo que solicita al Ministro “evitar que esta campaña de desprestigio influya en las decisiones regulatorias y de asignación de recursos públicos”.
Lo cierto es que, como ya se mencionó en esta columna, acuerdos como el de Movistar y Tigo son comunes en la industria, cada uno con características particulares, pero siempre en busca de mayor eficiencia. Además, este es un sector particularmente dinámico, lo cual debe ser considerado en cualquier determinación que se tome al respecto. Ahora estamos a la espera del pronunciamiento de la SIC, que, de ser negativo, sentaría un grave precedente.
Sin institucionalidad
Pero hay un problema mayor detrás de todo esto, que hace que las críticas y señalamientos se los lleve el viento: la absoluta desinstitucionalización del sector. No hay una política pública que atienda las necesidades de manera integral, política que es reemplazada por anuncios aislados e inconexos enviados desde distintas áreas del gobierno. ¿Qué pasó con la estrategia Conecta TIC 360?
Y lo más preocupante de todo es que casi un año después de la salida del representante del gobierno en la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, el presidente Gustavo Petro no ha nombrado a nadie; mientras que la Agencia de Regulación del Espectro (ANE) se encuentra acéfala.
Sergio Martínez, exdirector ejecutivo de la CRC, señala que “en el componente institucional el regulador no está completo, no se ha nombrado el delegado del Presidente de la República de acuerdo con lo que dice la ley 1978; y la Agencia Nacional del Espectro no tiene director”. Y se pregunta: “ante esta situación ¿cómo se hace un proceso de estructuración de una asignación de frecuencias del espectro sin el director de la entidad encargada de asesorar al Gobierno Nacional para este en el proceso?. Esto, en referencia a la subasta 5G que (hasta ahora) sigue adelante y se espera realizar la adjudicación el 20 de diciembre.
A lo que se suma que la semana pasada surgió la versión de que Lizcano será removido de la cabeza de la cartera TIC, tras menos de 4 meses en el cargo. Es decir, que en el primer año de gobierno han pasado 2 ministros con cero resultados en materia de políticas públicas de cara al cierre de la brecha digital en el país.
La confrontación entre Claro y Telefónica es el preámbulo de otra subasta llena de intrigas y acusaciones mutuas entre los participantes, pero pone de relieve un problema más profundo y preocupante: la desinstitucionalización del sector.
Incertidumbre y poca credibilidad rodean el futuro del 5G y la cada vez más lejana meta del 85% de colombianos conectados a la red.
