Parece que la avalancha de proyectos de ley que se agolpan en la lista de prioridades del gobierno durante estos primeros meses de mandato le ha venido bien a los técnicos del Ministerio de las TIC, que lidera Sandra Urrutia, para concentrarse en el desarrollo de la estrategia que han llamado ‘Conecta TIC 360’ y, además, establecer un diálogo fluido con la industria, a diferencia de otros sectores estratégicos donde la actitud del Ejecutivo es de choque o indiferencia.
Por lo menos, es lo que permiten intuir los lineamientos divulgados en las últimas semanas, de la que será la política del gobierno durante los próximos cuatro años para alcanzar la meta del 85% de colombianos cubiertos por Internet fijo o móvil –con una inversión pública de $4,3 billones para el periodo–, la cual estará acompañada de iniciativas de apropiación, formación y productividad, para que el eventual incremento en la cobertura realmente cumpla el objetivo de cerrar la brecha digital, así como dinamizar las economías regionales, generar inclusión y reducir el desarraigo.
Según las presentaciones de la Ministra Urrutia, luego de su regreso del Mobile World Congress de Barcelona, algunas de las más complejas y costosas iniciativas de cobertura para incrementar el 60,5% de hogares conectados a la red que estimó el DANE en 2021, se están apoyando en el Banco Mundial, el BID y CAF para que acompañen el diseño de proyectos de conectividad en los departamentos con zonas más desconectadas, regiones donde la brecha es media o baja y en la creación de una red neutral; lo que eleva la confianza en las estrategias y programas que están próximos a presentar.
Para la funcionaria, un componente clave entre las distintas estrategias que emprenderá el gobierno será una red neutral similar al “proyecto Internet Para Todos del Perú (IpT), una red troncal en APP (Alianza Público Privada) que da el soporte para llevar capilaridad a las regiones”.
Dicha iniciativa de conectividad peruana, que en realidad no es una APP sino un operador mayorista de infraestructura neutral de telecomunicaciones en zonas rurales, cuyos socios son Telefónica del Perú, Meta, BID Invest y CAF, tiene el fin de brindar acceso a banda ancha inalámbrica bajo un modelo que permite a todos los operadores –grandes o pequeños– lanzar servicios comerciales de comunicaciones a usuarios, empresas y organizaciones en zonas apartadas de los centros urbanos. Justo lo que se necesitaría para concretar la idea del Presidente Gustavo Petro de unas juntas de acción comunal que también puedan conectar a las comunidades.
La pregunta es: ¿Cómo hacer viable financieramente a un operador que trabajará donde nadie lo ha hecho por el costo de las inversiones y el bajo retorno?
Según los socios, IpT logra la sostenibilidad económica a través de acuerdos con las comunidades locales, el uso de infraestructuras existentes y la utilización de tecnologías abiertas que reducen el costo de despliegue en áreas donde es muy elevado, para lo que cuenta con todo el apoyo del Estado. Así, se soporta en arquitecturas cloud, planificación de red automática, soluciones Open RAN y una combinación de fibra optimizada y redes de microondas.
Espectro: menos dólares y más obligaciones de hacer
Por años se discutió en el sector el alto precio que los operadores de comunicaciones móviles pagan por el uso del espectro radioeléctrico en Colombia, a pesar de que ese valor ha disminuido en la mayoría de los países, al tiempo que aumentan las obligaciones de inversión en infraestructura para los licenciatarios.
Ahora, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) se puso al día con el análisis de las variables macroeconómicas, las experiencias internacionales y los ingresos de los operadores locales –cuyo ARPU es uno de los más bajos de la región–, para actualizar la valoración de ese recurso, fundamental para las comunicaciones móviles.
Esta definición del valor, que se aplicó en la renovación de 40 MHz de Tigo en febrero, como principales novedades reduce el precio a pagar, destina el 1% para apropiación y compra de dispositivos, y aumenta las obligaciones de hacer, es decir, instalar infraestructura en zonas definidas por el Estado.
Además, servirá para valorar el resto de las renovaciones que vienen en los próximos meses y para la futura adjudicación de bandas para 5G, cualquiera que sea el modelo que utilicen: subasta o beauty contest, un proceso que se define para asegurar, por medio del cumplimiento de requisitos técnicos y financieros, alcanzar objetivos de políticas públicas.
Para el MinTIC, los operadores móviles serán protagonistas en el cierre de las ‘brechas media y baja’ en 926 municipios de 26 departamentos. Allí es precisamente donde le asignaron sitios a Tigo para montar infraestructura, según lo dicho por Sandra Urrutia.
En línea con esta actualización de las condiciones, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 aumenta el tope de obligaciones de hacer como componente del pago por el arriendo del espectro radioeléctrico para los operadores móviles, que pasaría del 60%, definido en la Ley 1341 de 2009, al 90%. Un indicio más de una política que se alinea con la tendencia internacional de priorizar el bienestar social ponderando el despliegue de infraestructura y la ampliación de cobertura sobre el recaudo.
Chile, por ejemplo, aplicó menores precios, al tiempo que impuso cobertura y obligaciones en especie a los ganadores. Hoy es el segundo país en la región en adopción de LTE, primero en penetración de banda ancha de la OECD y ya va por la segunda subasta de 5G. Brasil, por su lado, destinó el 15,7% a recaudo y el 84,3% para invertir en compromisos de cobertura fija y móvil, en la mayor subasta de espectro hecha en el continente.
Construir sobre lo construido
La Ministra Urrutia comentó haber encontrado “un país desconectado” y “departamentos abandonados”, como también lo señala en la presentación ‘Conecta TIC’. Pero no sería justo pasar por alto que gracias a lo que ya se hizo, hoy es posible enfocar el mayor esfuerzo en cerrar la brecha digital que separa y amplía las desigualdades entre quienes viven en Colombia.
Es inocultable que durante el cuatrienio pasado no se avanzó y, por el contrario, se expuso al sector a prácticas ilegales como fue el caso del programa Centros Poblados; o a la falta de idoneidad –y ética– de funcionarios que propiciaron bochornosos escándalos como en la subasta de espectro de 700 MHz de 2019, así como al limbo en que quedaron decisiones fundamentales de la cartera para el desarrollo de la industria más dinámica de la economía.
Sin embargo, durante la década pasada, el Plan Vive Digital, diseñado durante la gestión de Diego Molano Vega, a pesar de tener puntos flacos fue un éxito reconocido por la GSMA en el Mobile World Congress de 2012 como la mejor política pública en materia de conectividad, que entre otras cosas contrató con Azteca Comunicaciones la red de fibra óptica nacional que hoy llega a 788 municipios y es clave para cualquier iniciativa que se emprenda; cuadruplicó los accesos a Internet; creo los kioscos Vive Digital en lugares donde lo último que hubo fue Telecom; eliminó el arancel a los celulares, tabletas y PC, y realizó la subasta de 4G con un recaudo histórico.
A diferencia de otros ministerios que acaparan la atención del país por sus proyectos refundacionales, muchas veces liderados por políticos o activistas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hoy –después de muchos años– vuelve a tener una técnica que sabe dónde está parada y para dónde va, al tiempo que comprende que sólo cumplirá la promesa de alcanzar el 85% de una población conectada, y con apropiación de las tecnologías, trabajando con todos en el ecosistema TIC y de telecomunicaciones.
