Algunos colegas periodistas han planteado que el Ministerio de las TIC, en cabeza de Sandra Urrutia, está por tomar una decisión que perjudica el multimillonario recaudo que significan los ingresos por las renovaciones de las licencias de espectro radioeléctrico que se deben realizar en 2023 y 2024, para beneficiar a algunas empresas del sector. Acusación que desconoce el contexto internacional de la industria y, peor aún, la Ley 1979 de 2019 que modificó el antiguo criterio de “maximización de recursos para el Estado”, por la “maximización del bienestar social”.
¿Y qué es eso de maximizar el bienestar social? Se trata, como lo dice la ley, de buscar las mejores estrategias para reducir la brecha digital, permitir el acceso universal, el despliegue y la ampliación de cobertura. Y es precisamente Internet móvil la tecnología que más ha facilitado la democratización del servicio, que hoy cubre a casi 38 millones de usuarios en el país. Más que cualquier otra tecnología.
El punto de partida de esas estrategias es la reducción en el precio del espectro radioeléctrico, postura unánime en la industria y organismos multilaterales como la GSMA, OCDE, CAF y 5G Americas, entre otros.
Un informe de la consultora Telecom Advisory Services sobre el papel de la economía digital en la recuperación económica de América Latina y el Caribe, señala que el promedio del costo del espectro en la región es 1,7 veces superior al de Europa y subraya que “la evidencia empírica demuestra que cuando se prioriza la recaudación a la hora de asignar el espectro, los despliegues de redes una vez asignado este recurso pueden comprometerse seriamente”; mientras que estima que una reducción de apenas 1 % en los pagos de espectro está asociada con un incremento de 0,45 % de cobertura 4G en países en desarrollo.
El estudio, liderado por el renombrado experto en telecomunicaciones y director de Estudios de Estrategia Corporativa en el Columbia Institute for Tele-Information, Raúl Katz, propone una reducción de 50 % en el costo del espectro para aquellos países de la región con más altos precios, entre los que se encuentra Colombia que, según la GSMA, tiene el segundo espectro más costoso en el continente.
Se estima que los beneficios de la reducción del costo del espectro serían: de forma directa, mayor inversión y adopción de servicios; mientras que indirectamente se produciría crecimiento del PIB asociado a una mayor penetración.
Precisamente esa mayor penetración de servicios de telecomunicaciones y el crecimiento del PIB asociado, generarán incrementos en la recaudación tributaria que podrían compensar lo que el Estado deja de recaudar por bajar el costo del espectro, concluye el informe.
Vienen las renovaciones
Claro, Directv, Movistar, Tigo-UNE y WOM tienen que renovar las licencias que corresponden a más de la mitad del espectro asignado en Colombia y cuyo precio ha aumentado a un ritmo del 14 % interanual entre 2011 y 2021, mientras que los ingresos por los servicios móviles han caído entre 50 % y 70 %.
A pesar de estos datos, la más reciente renovación, en 2021, que correspondió a frecuencias de Movistar y Claro en la banda de 1.900 MHz, se llevó a cabo por el doble del promedio internacional y con nuevos contratos a 20 años.
Ahora, el Ministerio de las TIC se encuentra realizando el análisis técnico con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), para definir las nuevas condiciones de renovación y uso, que se darán a conocer en los primeros meses de 2023, pues Tigo tiene que renovar 40 MHz en la banda de 1.900 MHz. Decisión que será clave para el tan anhelado cierre de la brecha digital, porque queramos o no son estas empresas las que más han invertido en infraestructura para llevar comunicaciones a la mayor parte del territorio colombiano.
Hay casos –más allá de los numerosos informes y estudios– que ejemplifican en el contexto actual las dos visiones en discusión. La más reciente licitación de espectro en México –de bloques regionales en las bandas de 800 MHz y 2.5 GHz– solo contó con la participación de AT&T y Telcel, que apenas pagaron el precio base. Además, la mayor parte de esta quedó desierta debido a los altos precios impuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para maximizar los ingresos del Estado.
De hecho, Telefónica devolvió todo su espectro y AT&T parte del suyo debido a que los costos no les permiten llevar adelante una operación sostenible.
En el otro extremo se encuentra Chile, que ha aplicado precios menores al promedio europeo en los concursos realizados para la asignación de espectro, al tiempo que impuso cobertura y obligaciones en especie a los ganadores. En términos de penetración móvil, se ubica en segundo lugar en adopción de servicios LTE en la región, es el país latinoamericano con mayor penetración de banda ancha de la OECD y ya tiene oferta de 5G.
Brasil, por su parte, realizó en 2021 una subasta 5G que aseguró inversiones por 9.150 millones de dólares, de los que 15,76 % fueron recaudados y el resto (84.23 %) debe invertirse en compromisos de cobertura hasta 2029, no solo móvil sino también para el despliegue de fibra óptica, incluso por los ríos de la región amazónica.
Con excepción de Claro, cualquiera de los operadores que hay en el país puede poner el freno de mano y enfocarse en mercados más lucrativos dónde pueda recuperar lo invertido.
Solo en 2021, las tres empresas que agrupa Asomóvil (Claro, Movistar y Tigo) invirtieron $4,33 billones en infraestructura 4G, tecnología que es posiblemente el más grande salto evolutivo de las comunicaciones móviles hasta la fecha, que trajo transmisión de video en definición y en tiempo real. Sin embargo, la mayor parte de las ganancias se las llevan compañías como Apple, Netflix, Meta y Alphabet.
La conclusión es obvia: el valor que asigne el gobierno a eso que han llamado la autopista de las telecomunicaciones móviles tiene que responder a una coyuntura económica de inflación, devaluación y bajos ingresos, es decir, un contexto de crisis. Y no hablamos solo de la renovación de las licencias sino de la subasta para 5G.
Priorizar el bienestar social mediante la reducción del precio del espectro no puede ser visto como poner en riesgo las finanzas públicas.
Mientras tanto: cuando escribía esta columna, el MinTIC publicó las bases para el proceso de selección objetiva de 5G para que los operadores manifiesten su interés sobre las bandas disponibles para la futura subasta. Un saludo a la bandera, porque el verdadero interés será real cuando conozcan la nueva valoración del espectro.
