La controversia desatada por la película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, financiada con 8.104 millones de pesos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), me llevó a revisar la situación de ese instrumento financiero y la manera en que se están utilizando sus recursos. Y encontré tres datos claves para comprender su actualidad.
Primero, como lo advirtió en 2024 el hoy exviceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, el FUTIC está desfinanciado. En segundo lugar, de ser un instrumento del que se dirigían la mayor parte de sus recursos al cierre de la brecha digital, se pasó a repartir esos fondos casi en partes iguales con rubros donde participa RTVC. Y, por último, aunque la ley que creó el fondo no fija proporciones de gasto entre conectividad y audiovisual, sí garantiza un nivel mínimo de financiación para la televisión pública y la radiodifusión sonora, lo que no ocurre con la conectividad.
El Fondo, adscrito al MinTIC, nació en 2019 con la Ley 1978, que unificó en un solo instrumento los recursos que antes administraban el FONTIC y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, con el objetivo de simplificar la gestión de la financiación pública del sector TIC. De él dependen planes, programas y proyectos orientados a alcanzar el acceso universal a Internet, promover la inclusión digital, garantizar el funcionamiento de la Agencia Nacional del Espectro y fortalecer la televisión y radiodifusión públicas.
Los recursos del FUTIC provienen principalmente de las contraprestaciones que pagan los operadores del sector por el uso del espectro radioeléctrico y por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones en el país. A estos ingresos se suman los aportes de los concesionarios de televisión y radiodifusión sonora, así como rendimientos financieros, multas, intereses y otros recursos asociados a la gestión del fondo. La disparidad en las fuentes de financiación del fondo es abismal. Del recaudo propio del FUTIC en 2025 (cerca de 1,65 billones de pesos), el 84 % proviene de empresas del sector de telecomunicaciones, el 11,5 % corresponde a rendimientos financieros, multas y reintegros, y el 4,5 % a televisión y radiodifusión. Pero esos ingresos apenas alcanzan para sostener los proyectos ya iniciados y el capital comprometido, mientras desde el Ejecutivo se ordenan nuevos gastos dirigidos a temas audiovisuales, como la película, y algunas otras iniciativas del gobierno.
De hecho, el FUTIC mostró un alto grado de desfinanciación 2025, en parte por la caída en los ingresos del sector de telecomunicaciones y por las concesiones de espectro para 5G que no cumplieron con lo pactado en la subasta de 2023 (Telecall y WOM). Los estados financieros del fondo reflejan esa presión: ese año se registraron 964.000 millones de pesos en operaciones interinstitucionales, es decir, transferencias provenientes de otras entidades públicas para sostener sus programas, una cifra muy superior a la observada en 2024.
Para este año,el presupuesto del fondo ya contempla una asignación adicional de 200.000 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación, con lo que el cupo total del FUTIC asciende a 1,85 billones de pesos.
Índice de temas
Audiovisual, la nueva prioridad
Los nuevos gastos han llevado a que en los últimos años se produzca un cambio gradual en la forma como se distribuyen los recursos del FUTIC. Mientras en 2022 cerca de dos tercios del presupuesto del fondo se destinaban a proyectos de conectividad, como expansión de redes, acceso a Internet y cierre de brecha digital, y alrededor de una cuarta parte financiaba el sistema de televisión pública y la producción audiovisual, esa relación se ha ido equilibrando.
Para 2025, los recursos dirigidos al sistema de medios públicos (RTVC y canales regionales), la producción de contenidos audiovisuales y el desarrollo del modelo de televisión pública ya representaban cerca del 30 % del fondo, y en 2026 superan un tercio del presupuesto (645 mil millones de pesos), prácticamente igualando el nivel de inversión en conectividad (681.000 millones de pesos). A esto se suma un tercer bloque relevante, el destinado al fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información (TI), que cuenta con 164.000 millones de pesos.
Esto muestra que el FUTIC ha pasado de estar orientado principalmente a la infraestructura digital a repartir sus recursos de forma mucho más equilibrada entre conectividad y el sostenimiento del ecosistema audiovisual, cuyo actor central es RTVC, hoy bajo la dirección de Hollman Morris.
La falla de fondo
De acuerdo con la Ley 1978 de 2019, que creó el FUTIC, la financiación de la televisión pública quedó protegida por una regla específica que no se aplica a la conectividad.
Al momento de diseñar el fondo, los legisladores debieron asumir que la prioridad evidente sería destinar la mayor parte de los recursos al acceso a Internet, reconocido como un ‘servicio público esencial y universal’. Y es que cerrar la brecha digital no solo es un objetivo de inclusión social, sino también una condición indispensable para mejorar la productividad, fortalecer la competitividad del aparato productivo y ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.
Pero la ley establece que el fondo debe garantizar al sistema de televisión pública y a la radiodifusión sonora pública, como mínimo, los mismos recursos que recibían antes de la reforma (de 2019), ajustados anualmente por inflación. Esto implica que entidades como RTVC y los canales regionales cuentan con un piso mínimo de financiación legalmente protegido, que debe preservarse en cada vigencia presupuestal.
En contraste, aunque la ley señala que el FUTIC debe financiar programas de acceso universal a las TIC, cierre de brecha digital, conectividad rural e inclusión digital, no fija un porcentaje mínimo del presupuesto para estos objetivos. Esto significa que la inversión en estos rubros depende de las decisiones presupuestales anuales del Gobierno y del nivel de recaudo del fondo, mientras que la financiación del sistema de medios públicos cuenta con una garantía legal explícita.
No pretendo desconocer la importancia del sector audiovisual ni de la televisión pública. Pero equiparar su financiación con la inversión en conectividad resulta difícil de justificar en un país donde aún persisten profundas brechas digitales.
