El fin de semana pasado, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, comentó a la revista Semana que el concepto de la entidad sobre la fusión de Tigo y Movistar ya está en su segunda fase, y dejó entrever que la decisión podría ser una aprobación con condiciones específicas para mitigar riesgos competitivos. Lo más llamativo, sin embargo, fue la mención de los requerimientos de WOM como un elemento clave en la evaluación del caso y en la decisión final.
Si bien el envío de comentarios por parte de quienes participan en un sector es una parte importante en el trámite de estos procesos, resulta significativo que la SIC contemple como insumo clave los requerimientos de WOM. Más aún si se considera que la compañía atraviesa una reorganización empresarial, con antecedentes de incumplimientos regulatorios y contractuales.
“Ante la fusión entre Tigo y Movistar, confiamos en que la autoridad de competencia (SIC) adoptará medidas contundentes y oportunas para proteger la competitividad, evitar un duopolio de facto y garantizar, a largo plazo, un mercado móvil sólido y con tres operadores”, manifestó WOM en el comunicado con el que anunció, el pasado 17 de julio, la aprobación de su Plan de Reorganización Empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades.
¿Una empresa cuya permanencia en el mercado se sostiene de forma artificial puede tener un peso tan determinante en una decisión de esta magnitud para el futuro de la industria?
Sería paradójico que con tal de mantener un tercer operador celular se establezcan condiciones como, por ejemplo, acceso a la red móvil de Claro y Tigo con cargos diferenciales, lo que auspiciaría directamente un eventual nuevo incumplimiento de los plazos ya extendidos para el despliegue de la red de WOM, los cuales detallé en la última columna.
Con esto no digo que la decisión deba inclinarse a dejar que el mercado se regule solo y aprobar la fusión sin hacer ningún ajuste. Pero el MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ya han hecho observaciones técnicas para que, mediante algunas condiciones, se garantice la competencia, se proteja a los usuarios y se evite que la reconfiguración impacte negativamente al sector.
La CRC concluyó que en la mayoría de los 17 mercados evaluados (seis mayoristas y once minoristas) no se identifican riesgos significativos para la competencia. Y consideró que la operación podría generar eficiencias y beneficios para los usuarios, siempre que se atiendan con cuidado cuatro mercados sensibles: servicios móviles e internet móvil minoristas, internet fijo residencial y acceso y originación móvil en el segmento mayorista.
Para esto, el regulador recomendó mitigar riesgos puntuales tanto en condiciones comerciales como en acceso a infraestructura y calidad del servicio, garantizar condiciones adecuadas de competencia y asegurar que las potenciales eficiencias se traduzcan en beneficios tangibles para los consumidores.
El Ministerio de las TIC, por su lado, señaló el 27 de mayo que la integración empresarial podría equilibrar la competencia frente a Claro y facilitar inversiones en redes como 5G —que en algunos casos vienen lentas—, no obstante, advirtió que la concentración en dos actores incrementa el riesgo de una coordinación tácita que afecte a operadores más pequeños o a los Operadores Móviles Virtuales (OMV).
Por ello, el MinTIC propone que, de aprobarse el negocio, se impongan condiciones regulatorias estrictas, como acceso mayorista no discriminatorio, tarifas basadas en costos, compromisos de cobertura y supervisión técnica constante. Además, sugiere que la CRC extienda medidas simétricas a Claro y que las autoridades actúen de forma coordinada para proteger la competencia y la calidad del servicio.
Cómo llegamos a este punto
No olvidemos que la consolidación que se está produciendo tiene su origen en un mercado profundamente desequilibrado, en el que un solo operador concentra más del 50% de los clientes y de los ingresos, mientras que el resto ha enfrentado durante varios años graves dificultades financieras.
A esto se suma la guerra de precios iniciada por WOM –la cual hoy repite, según Forbes Colombia– que redujo drásticamente los ingresos promedio por usuario (ARPU), en un contexto de alta inflación, elevadas tasas de interés y consumo debilitado, lo que comprometió la capacidad de inversión.
Ante un mercado con operadores financieramente frágiles y sin un plan concreto del gobierno para corregir la concentración y fortalecer la competencia, la única salida viable es la consolidación.
Sin embargo, a pesar de la crisis de los últimos años, el mercado de telecomunicaciones colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más abiertos y proinversión de la región, con un marco regulatorio que ha promovido decididamente la entrada de nuevos operadores. Esta apertura ha impulsado el despliegue de infraestructura y la innovación tecnológica a lo largo de lo que va del siglo, y seguramente no parará con la consolidación.
Por eso, la importancia que desde el Gobierno se le atribuye a la permanencia del tercer operador resulta exagerada, cuando siempre habrá interesados en ingresar a un mercado de 50 millones de personas. Tanto la SIC como la CRC y el MinTIC tienen amplia experiencia en la resolución de este tipo de situaciones, como para depender del visto bueno de una empresa que le ha salido ya muy cara al país.
