Por: Paulo Iván Gómez Trujillo
Consultor en Desarrollo Digital e Inteligencia Artificial
«Réstele 4 computadores a Chocó para mandárselos a otro departamento» fue la instrucción que, como ingeniero junior, tuve que ejecutar. Trabajaba para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a mediados de los años 90 y tenía a mi cargo proyectar la distribución entre sus regionales de unos computadores adquiridos mediante una licitación.
Situación de trámite para quien obedece, pero con el tiempo aprendí a cuestionar y preguntarme por qué esa tendencia de no darles o quitarles recursos a quienes tienen menos a los que tienen más o ejercen mayor peso político.
Estigma y paradigma que perpetúa la inequidad en nuestro país. En el ámbito digital seguimos reproduciéndolo, muchas veces desde escritorios cómodos y alejados de las realidades municipales y rurales. Hoy las brechas no solo persisten: se han desplazado y sofisticado. Ya no consisten únicamente en tener o no una conexión, sino en su calidad, su costo y la capacidad real de aprovecharla.
Durante toda mi carrera profesional he trabajado en instituciones del sector social: ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Secretaría de Integración Social de Bogotá y, por último y durante 15 años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia. Mi experiencia me permitió ir creciendo como profesional de TI hacia entender el impacto de la tecnología, la conectividad, las habilidades digitales y cómo las realidades en campo (en lo rural) no se ven a través de la pantalla de mi computador. Por ejemplo, en ICBF tuvimos que cambiar un transformador en Puerto Carreño porque la UPS que enviamos tenía mayor capacidad que la soportada por la infraestructura y, cuando la prendimos, dejó sin luz a todo el barrio.
Todo este preámbulo apunta a hacer una propuesta compuesta alrededor de la conectividad, la brecha digital, la inclusión territorial y las Políticas TIC.
Durante los casi 5 años que serví como consejero de Desarrollo Digital en USAID comprendí que el desarrollo digital no depende únicamente de la modernización del Estado. También se expresa cuando una comunidad como la de Ulloa, Valle del Cauca, despliega, con liderazgo local, una red comunitaria de acceso a Internet sostenible, democrática, útil y todavía en funcionamiento. Sin ese punto de partida, ¿cómo le presentamos a la ciudadanía un sistema virtual para solicitar citas médicas o le enseñamos a manejar la Carpeta Ciudadana del Ministerio TIC?
En USAID/Colombia impulsamos en 2024 la actualización de la Evaluación del Ecosistema Digital de Colombia (DECA), construida a partir de datos nacionales y entrevistas con actores públicos, privados y sociales. El estudio confirmó que cerrar la brecha digital no consiste solamente en extender la cobertura: la conexión debe ser asequible, de calidad, accesible desde los dispositivos que realmente utiliza la población y, sobre todo, útil para estudiar, trabajar, producir y relacionarse con el Estado.
También encontramos que la última milla rural difícilmente encaja en el modelo de negocio de los grandes operadores y que el marco institucional todavía no facilita suficientemente la participación de pequeños proveedores y soluciones comunitarias. El papel del Estado no es reemplazar esas capacidades territoriales, sino crear las condiciones para que puedan nacer, conectarse, formalizarse y sostenerse. Esto incluye facilitar el acceso asequible a los servicios de los operadores tradicionales y a las redes troncales, incluso mediante un régimen especial.
En estrecha relación con lo anterior, quiero referirme a las capacidades humanas y habilidades digitales que permiten que la tecnología se convierta realmente en bienestar. Aprendemos a manejar los dispositivos; después, a comunicarnos y entretenernos; luego, a estudiar, participar y resolver necesidades; y, finalmente, a realizar usos más complejos y productivos.
Ese recorrido no es uniforme: depende de la edad, la educación, el territorio, la cultura, los dispositivos disponibles y, especialmente, de que las personas encuentren un propósito concreto para usar la tecnología. Por eso, el Estado no debe limitarse a entregar conectividad o poner nuevos trámites en línea: debe acompañar la adopción con formación pertinente, contenidos útiles, sensibilización, soporte cercano y servicios diseñados para los dispositivos que realmente utiliza la población.
En USAID/Colombia apoyamos la medición de 2023 del Índice de Apropiación Digital, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, con énfasis en población rural y municipios PDET. El estudio confirmó que acceso no equivale a apropiación: el indicador no solo examina cuántas actividades realizan las personas en Internet, sino también para qué las realizan. El indicador fue de 0,19 en las zonas rurales, frente a 0,33 en las urbanas, y de 0,22 en municipios PDET, frente a 0,33 en los no PDET. La lección para la política pública es clara: conectar el territorio es apenas abrir la puerta; la inclusión digital ocurre cuando las personas pueden cruzarla y encontrar algo valioso al otro lado.
Para finalizar, quiero hablar del ‘otro extremo’: los servicios gubernamentales digitales. Hemos avanzado mucho, muchas entidades gubernamentales tienen gran cantidad de servicios y trámites digitales ágiles y fáciles de acceder. Sin embargo, algunos servicios valiosos parecen haber quedado en estado de letargo.
En mi revisión de la Carpeta Ciudadana encontré que solo 9 de sus 106 servicios permiten iniciar un proceso, registro o trámite; los demás se concentran en consultar o descargar documentos, certificados y constancias. Muchos enlaces están rotos y la mayoría redirige a la plataforma de la entidad responsable.
No cuestiono la interoperabilidad ni la conveniencia de contar con un directorio central de acceso, sino que la experiencia del ciudadano se limite a descargar documentos o saltar entre plataformas. Los servicios digitales deberían permitir completar procesos de principio a fin –como ocurre con el apostillaje, que funciona particularmente bien–, y no limitarse a entregar la copia digital de un documento originado en un trámite presencial.
En mi experiencia con USAID/Colombia exploramos iniciativas con el gobierno que quedaron truncadas por el cierre de la agencia. Una de ellas buscaba recibir cooperación técnica de Ucrania, país que desarrolló Diia, una ‘app’ con la que la ciudadanía puede gestionar documentos, crear una empresa y realizar numerosos trámites gubernamentales. La experiencia muestra hasta dónde puede llegar un Estado que diseña sus servicios desde las necesidades de las personas y no desde la estructura de sus entidades.
Mi propuesta, entonces, es que el Ministerio TIC sea empoderado y respaldado, juegue un papel activo, habilitador y transversal en el despliegue de servicios digitales que tengan un impacto real e intencional en todas las regiones y poblaciones del país, y que estudie y adopte experiencias internacionales exitosas.
La conectividad y las habilidades digitales deben llegar a toda la población. Al mismo tiempo, es necesario flexibilizar regulaciones y fondos –entre ellos el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic)– para facilitar que las comunidades y el sector privado inviertan en conectividad, formación y servicios digitales, y para crear las demás condiciones habilitadoras que permitan avanzar hacia un Gobierno cada vez más digital y cercano a sus ciudadanos. ¡Solo así podremos cerrar la brecha digital y hacer de Colombia un país líder en desarrollo digital inclusivo!
«La lección para la política pública es clara: conectar el territorio es apenas abrir la puerta; la inclusión digital ocurre cuando las personas pueden cruzarla y encontrar algo valioso al otro lado.»
5 puntos clave
- La brecha digital ya no es solo de cobertura: hoy se juega en la calidad, el costo y el uso real de la conexión.
- La última milla rural no encaja en el modelo de negocio de los grandes operadores; el Estado debe habilitar a proveedores comunitarios y locales, no reemplazarlos.
- La apropiación digital sigue una ruta gradual –comunicación, educación, participación, transacción– y el territorio rural y los municipios PDET van más atrás que el resto del país.
- Los servicios digitales del Estado deben permitir tramitar procesos completos, no solo consultar o descargar documentos, como ocurre hoy en buena parte de la Carpeta Ciudadana de Ministerio TIC.
- La propuesta: empoderar a Ministerio TIC como articulador transversal y flexibilizar fondos como el Futic para que comunidades y sector privado inviertan en conectividad, formación y servicios digitales.
Nota editorial de Voces TIC: Para ampliar esta discusión sobre Futic y Gobierno Digital, vea «Un fondo de comunicaciones al servicio de los colombianos», de Sergio Martínez Medina y «En Gobierno Digital también debemos ponernos de acuerdo en lo fundamental», de Alexander Ricardo Andrade.