Por: Galé Mallol Agudelo
Presidenta, ASOTIC
Centro & territorio: no podemos seguir diseñando política digital para una sola Colombia cuando en realidad tenemos varias
Hay 2 conversaciones digitales ocurriendo al mismo tiempo en Colombia. Y ninguna de las 2 escucha a la otra.
La primera sucede en auditorios de Bogotá. Ahí hablamos de Inteligencia Artificial, de marcos regulatorios, de arquitecturas de datos, de estrategias nacionales de adopción tecnológica. Es una conversación necesaria y, en general, bien informada.
La segunda sucede en municipios cuyos nombres rara vez aparecen en esas presentaciones. Ahí la pregunta es considerablemente más elemental: si el Internet que llegó hace 3 años va a seguir ahí el año entrante.
Hace poco, durante un foro sobre Transformación Digital y competitividad, hice una pausa que no estaba prevista y dije algo que me parecía evidente: una cosa es hablar de IA en Bogotá y otra muy distinta es hablarla en las regiones. No porque allí haya menos interés o menos talento, sino porque las necesidades son otras, los tiempos son otros y los retos son otros. No podemos seguir diseñando política digital para un solo Colombia cuando en realidad tenemos varios.
Lo que más me sorprendió no fue la reacción, fue darme cuenta de que estaba enunciando algo obvio, y que aun así hacía falta enunciarlo.
Después de 20 años trabajando con operadores regionales, he aprendido que el problema colombiano no suele ser la ausencia de política pública, sino la distancia entre el lugar donde se diseña y el lugar donde tiene que funcionar.
Los números permiten medir esa distancia. El Fondo Único de TIC, principal herramienta financiera del Estado para cerrar la brecha digital, depende hoy entre un 70 % y un 80 % de las contraprestaciones que pagan los operadores por el uso del espectro, un modelo que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado como riesgoso frente a un mercado maduro y con cada vez menos competidores. Pero el dato decisivo es otro: de todo ese fondo, apenas una quinta parte llega efectivamente a conectividad universal y apropiación digital, que es, por ley, la razón de su existencia. El 80 % restante se diluye en transferencias y gastos de funcionamiento que nunca fueron su propósito.
Dicho de otro modo: el instrumento diseñado para conectar al país invierte 4 de cada 5 pesos en algo distinto de conectar al país.
Y mientras esa discusión de fondo permanece abierta, el reloj corre en el territorio. Decenas de proyectos de conectividad rural financiados con recursos públicos (los que hoy sostienen el Internet de escuelas, hogares y comunidades apartadas) tienen contratos que vencen entre 2026 y 2027. Todavía no existe una ruta clara de continuidad para ninguno de ellos.
Aquí está el punto que quiero dejar sobre la mesa. La brecha digital colombiana ya no es únicamente una brecha de cobertura, es una brecha de diseño.
Durante años medimos el avance digital del país por lo que instalábamos: kilómetros de fibra, torres, hogares conectados, puntos de acceso. Era la métrica correcta para una etapa de expansión, pero llegamos a un momento distinto, en el que buena parte de lo construido empieza a cumplir su ciclo contractual al mismo tiempo, y en el que la pregunta relevante ya no es cuánto conectamos, sino cuánto de lo conectado permanece conectado.
Esa pregunta no se responde bien desde una sola oficina en Bogotá. Un municipio del Pacífico, uno de la Orinoquía y uno del Eje Cafetero no tienen los mismos costos operativos, ni la misma capacidad institucional, ni los mismos usos de la red, ni los mismos riesgos. Tratarlos como un promedio nacional produce políticas que se ven razonables en el papel y fracasan en el terreno.
Y hay algo que en el sector sabemos bien, aunque se diga poco: desconectar a una comunidad que ya estuvo conectada cuesta mucho más que no haberla conectado nunca. Cuesta en confianza institucional, que es la moneda más difícil de recuperar en las regiones.
Por eso creo que la decisión digital más importante para Colombia en el período 2026-2030 no es elegir cuál será la próxima tecnología prioritaria. Es una decisión menos vistosa y mucho más determinante: garantizar que lo que ya existe no retroceda, y construir de aquí en adelante una política digital que se piense desde las regiones y no solamente hacia ellas.
Eso exige 3 cosas concretas y verificables. Primero, devolverle al Fondo Único de TIC su naturaleza misional, con criterios claros de asignación y resultados medibles. Segundo, levantar un inventario nacional de los proyectos de conectividad próximos a vencer, con su estado real de operación y sostenibilidad. Tercero, definir una ruta de transición antes, y no después, de que los contratos expiren.
Desde ASOTIC, que reúne a los operadores regionales que sostienen la conectividad en buena parte del territorio nacional, asumimos un compromiso puntual: construir durante los primeros 100 días del nuevo gobierno un diagnóstico territorial de los proyectos en riesgo de discontinuidad, con información de primera mano de quienes operan esas redes todos los días, y ponerlo a disposición de las mesas técnicas del sector.
No es una promesa abstracta, es exactamente el tipo de información que hoy no existe consolidada, y sin la cual cualquier decisión sobre conectividad rural se tomará a ciegas.
El país que ahora se instala tiene la oportunidad de cerrar la distancia entre esas 2 conversaciones que hoy transcurren en paralelo. Puede seguir gobernando la conectividad desde un solo mapa, o puede empezar a gobernarla desde todos los mapas que Colombia realmente tiene.
“La brecha digital colombiana ya no es únicamente una brecha de cobertura, es una brecha de diseño».
5 puntos clave
- Colombia sostiene 2 conversaciones digitales simultáneas, la del centro y la del territorio, y ninguna escucha a la otra.
- Apenas una quinta parte del Fondo Único de TIC llega hoy a conectividad y apropiación, que son su finalidad legal.
- Decenas de proyectos de conectividad rural vencen entre 2026 y 2027 sin ruta de continuidad definida.
- La brecha digital dejó de ser solo de cobertura: hoy es una brecha de diseño centralizado frente a territorios distintos.
- ASOTIC se compromete a entregar, en los primeros 100 días del nuevo gobierno, un diagnóstico territorial de los proyectos de conectividad en riesgo.
Nota editorial de Voces TIC: Para ampliar esta discusión sobre financiación y conectividad territorial, vea «Un fondo de comunicaciones al servicio de los colombianos», de Sergio Martínez Medina y «Conectividad significativa: la política de Estado que Colombia todavía no tiene», de Sandra Milena Urrutia Pérez.