Por: Carlos Eduardo Guevara Villabón
Senador de la República, Presidente de la Comisión Sexta del Senado, Partido Político MIRA.
Presupuesto, control político & apuesta regulatoria por la Inteligencia Artificial
El sector TIC atraviesa un momento paradójico: crece y se consolida como motor económico, pero arrastra vacíos normativos y déficits institucionales que, de no atenderse desde el Congreso, pueden comprometer lo alcanzado. Las actas de empalme del Ministerio TIC entregan un diagnóstico claro sobre esos pendientes. Ese es el propósito de esta columna: identificar, con rigor técnico, las oportunidades de mejora que exigen nuestra intervención legislativa.
El diagnóstico cuantitativo confirma el peso del sector. En 2025, las TIC aportaron 58 billones de pesos a la economía nacional, el 3,5% del valor agregado del país, con los servicios de TI a la cabeza (39,4%) por encima de las telecomunicaciones (34,5%). La fibra óptica en banda ancha fija pasó de 12,2% en 2019 a 48,2% en 2024, superando el promedio de la OCDE, mientras la velocidad de descarga se duplicó a 251,7 Mbps. Cifras que respaldan la necesidad de blindar jurídicamente lo construido, pues varias entidades operan hoy bajo una fragilidad financiera que la ley debe ayudar a corregir.
Esa fragilidad tiene nombre propio. Tecnologías para Aprender vio su presupuesto caer de 350.000 millones de pesos en 2024 a apenas 67.000 millones en 2026, comprometiendo el mantenimiento del parque computacional escolar. Inravisión heredó una red de televisión digital terrestre con 74 estaciones fuera de servicio, cuya recuperación exige 68.385 millones de pesos. Y la Agencia Nacional Digital, con más de 7,9 millones de usuarios en el Autenticador Digital, tiene sus contratos garantizados solo hasta octubre de 2026. En lo presupuestal, el Fondo Único TIC comprometió en 2025 el 98% de sus 2,17 billones, pero solo obligó el 72%; en 2026, con corte a junio, ha comprometido el 77,1% y obligado el 53,4%, una brecha que amerita seguimiento desde el control político.
Frente a este panorama, la acción legislativa debe concentrarse en puntos concretos: revertir, dentro del marco fiscal disponible, la reducción de recursos que hoy compromete a Tecnologías para Aprender y el mantenimiento del parque computacional escolar; acompañar la financiación del plan de recuperación de Inravisión, para que la señal de televisión digital terrestre llegue de nuevo a todo el territorio; ejercer control político sobre la ejecución del Fondo Único TIC, dada la brecha entre lo comprometido y lo efectivamente obligado; y respaldar las decisiones necesarias para dar continuidad operativa a la Agencia Nacional Digital.
Pero superar estos pendientes no basta si no miramos hacia adelante. Desde la Presidencia de la Comisión Sexta del Senado impulsaremos un ambiente normativo que promueva la Inteligencia Artificial (IA), en lugar de restringirla. Por ello radicamos un proyecto de ley para un marco general de promoción, desarrollo, uso ético y gobernanza de la IA en Colombia, que contempla el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial (CON-IA), órgano asesor adscrito a la Presidencia; una estrategia nacional de educación y talento digital; y lineamientos estrictos para prevenir delitos digitales contra menores. Bien orientada, la IA ayuda a cerrar las brechas identificadas y puede ser herramienta central para combatir la corrupción y digitalizar el Estado. Por eso proponemos avanzar en su aplicación: en salud, para optimizar costos; en educación, para mejorar los procesos de aprendizaje; y en el sector público, para enfrentar la corrupción y fortalecer la transparencia del Estado.
Estos pendientes, junto con esa visión de futuro, son hoy la base para que la conectividad y la innovación tecnológica cuenten con un marco jurídico e institucional sólido. Desde la Presidencia de la Comisión Sexta del Senado de la República reitero el compromiso de ejercer control político y de impulsar estas reformas, para que el sector TIC se traduzca en instituciones sostenibles, un Estado más transparente y derechos protegidos.
«Bien orientada, la IA ayuda a cerrar las brechas identificadas y puede ser herramienta central para combatir la corrupción y digitalizar el Estado».
5 puntos clave
- El crecimiento del sector TIC exige, sobre todo, sostenibilidad institucional y no solo expansión.
- El Congreso debe ejercer un control político riguroso sobre la ejecución real de los recursos públicos en tecnología.
- Cerrar la brecha digital ya no basta: hay que garantizar la continuidad de lo construido.
- La Inteligencia Artificial debe regularse para impulsarla, no para restringirla.
- La Transformación Digital del país solo será sostenible con un marco jurídico sólido detrás.
Nota editorial de Voces TIC: Para ampliar esta discusión sobre Gobierno Digital y ciberresiliencia, vea «En Gobierno Digital también debemos ponernos de acuerdo en lo fundamental», de Alexander Ricardo Andrade y «Ciberresiliencia digital: de la estrategia a una capacidad país que genera confianza», de Jorge Fernando Bejarano.