Wom en Chile y Colombia son dos historias diferentes con apenas 3.197 kilómetros que los separan. ¿Por qué la situación es tan diferente entre estos países?
Wom en Chile y Colombia son dos historias diferentes. Mientras los medios de comunicación chilenos informan que la empresa WOM, la cual hace pocos meses se acogió a la ley de bancarrotas de Estados Unidos, tiene seis pretendientes para quedarse con su operación en ese país. En Colombia su situación no genera el mismo interés, lo que convierte su futuro en una incógnita.
Por un lado, Telefónica y América Móvil, en una estrategia que demuestra que en los negocios no hay enemigos, sino intereses, aspiran de manera conjunta. El Saudi Telecom Group (STC) y una operadora china también han mostrado interés. Además, los fondos de capital KKR y Digital Bridge, ambos muy activos en la región en los últimos meses, se han sumado a las consultas sobre el operador móvil, según el portal especializado Telesemana.
Mientras tanto, en el lado colombiano todo es silencio e incertidumbre. ¿Qué causa tal diferencia?
En primer lugar, WOM en Chile es uno de los operadores móviles más relevantes del país, con el 20,47 % de participación de mercado. Además, cuenta con una infraestructura sólida que incluye la implementación de 5G. En contraste, WOM Colombia tiene el 7,53 % de las líneas móviles, y a nivel de infraestructura está mucho más rezagado, con un 5G que no ha iniciado su despliegue a pesar de incumplir con el cronograma establecido tanto de pagos como de cobertura.
Otras diferencias entre la situación de Wom en Chile y Colombia
Un punto crucial es que, mientras Novator Partners decidió acoger la operación chilena bajo el Chapter 11 o Ley de Bancarrotas de EE.UU., en Colombia solicitó la reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. La primera otorga un alto grado de seriedad al proceso, mientras que en el país, autoridades como el MinTIC, la CRC, la Supersociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio han mostrado una permisividad desconcertante frente a las actitudes negligentes de los directivos de la empresa, empezando por Thor Bjorgolfsson (dueño del fondo de inversión).
No es un tema menor. Al igual que las demás empresas participantes, WOM debía transferir al MinTIC, en marzo pasado, el 20% de la contraprestación económica correspondiente a las licencias por los 80 MHz destinados a 5G y comenzar con la implementación de la red en las principales ciudades del país. Sin embargo, aunque el MinTIC no ha confirmado esta información, fuentes cercanas al tema señalan que esto no ha ocurrido. De hecho, se habría extendido el cronograma inicial, marcando un precedente muy negativo para la industria.
Otro ejemplo de la desinstitucionalización en la que ha caído el sector es la deuda con 21 Pymes locales, que invirtieron su capital y se endeudaron para montar la red del operador, infraestructura que sigue generando beneficios para Novator Partners. De los 141.000 millones de pesos que WOM adeuda a sus proveedores, 9.000 millones corresponden a estas Pymes, mientras que el resto de la deuda está vinculado a WOM Network Services, una empresa de su propiedad (también en proceso de Reorganización Empresarial), a través de la cual se contratan los servicios de despliegue.
La permisividad de las autoridades genera una percepción de falta de reglas claras y seguridad jurídica, lo que debilita la confianza en el entorno regulatorio, un factor clave para atraer a los potenciales inversionistas.
Por otra parte, la consolidación del sector en curso, con la eventual compra de UNE-EPM Telecomunicaciones y Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Colombia) por parte de Millicom (TIGO), deja por fuera a quienes, en otro contexto, habrían sido los posibles aspirantes para adquirir los clientes y la infraestructura de WOM. Mientras tanto, Claro ya ha manifestado que no está interesado.
Cuando WOM fue aprobada en el proceso de reorganización empresarial el 2 de mayo pasado, tenía dos meses para normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante la reestructuración operacional, administrativa, de activos y pasivos. Para ello, se requerían al menos 30 millones de dólares, lo cual aún no ha ocurrido. Esto indica que el accionista mayoritario no está dispuesto a cumplir con esta obligación, lo que sugiere que la liquidación podría ser el destino de la empresa.