La fusión de Tigo y UNE en 2014, en la que esta última quedó con el 50 % más una acción, pero cedió el control de la compañía, no era lo que buscaba Empresas Públicas de Medellín (EPM), que en realidad quería salir de todo su negocio de telecomunicaciones para concentrarse en los sectores donde están sus actividades principales. Pero sabía que en una negociación con el Concejo de Medellín y los sindicatos sería imposible desligarse por completo de esa operación que le resultaba ajena.
Para asegurarse de que en el futuro pudieran concretar su salida definitiva de la fusionada Tigo-UNE, los negociadores paisas acordaron con los representantes de Millicom la incorporación de una cláusula que da la opción a EPM de vender su parte a la firma con sede en Luxemburgo luego de una valoración externa; y en caso de que esta no lo aceptara, tendría que vender forzosamente su parte a un tercero, junto con la porción de su socia de capital público.
La llamada cláusula de Protección del Patrimonio Público está vigente hasta agosto de 2024, es decir, quedan 2 años y 5 meses para concretar la venta de esa participación o de toda la sociedad. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, manifestó varias veces que esa opción se agotará incluso antes de su vencimiento, lo que dejaría a EPM con una participación multimillonaria en una empresa que no le genera dividendos, según reporta en sus informes de gestión.
Un ejecutivo que participó en la fusión corroboró la afirmación de Quintero Calle, pues el proceso tiene que cumplir varias etapas, y cada una conlleva distintos tiempos que, de no cumplirse, podrían llevar a que se cierre esa ventana.
El primero y principal es la aprobación en el Concejo de Medellín; en caso de que haya luz verde para la privatización, contratar una banca de inversión para que valore la empresa; luego aplicar la primera fase de la Ley 226, que reglamenta la enajenación del patrimonio público, ofreciéndola al sector solidario y a los empleados (que en principio no deben comprar); después está la segunda fase de la misma Ley para que Millicom (o cualquiera) pueda comprar la participación de EPM y, por último, en caso de que no haya un acuerdo, la venta conjunta de las partes de Tigo-UNE.
Si bien los tiempos se ajustan cada vez más, el proceso para la activación de la cláusula comenzó con la carta que envió la Junta Directiva de EPM a Millicom, en noviembre de 2021, planteándole la compra de la prima de control (por la que recibió 150 millones de dólares en la fusión de 2014), o si extiende la cláusula de protección del patrimonio público hasta el próximo gobierno.
A lo que Tigo (Millicom) respondió, palabras más palabras menos: ¡No, gracias!
Respuesta lógica a 2 preguntas que parecen ingenuas: es difícil que alguien ceda el control de una operación que maneja sin tener la mayoría accionaria. Representa el 23 % de sus ingresos en América Latina, de acuerdo con el informe de gestión de 2021. Y, junto a su socio, han invertido más de 7 billones de pesos en infraestructura en los últimos 7 años, según lo ha divulgado la empresa.
Además, les hacen un favor a los medellinenses de no entregarles el control, pues no tiene sinergias con las demás actividades de EPM y se trata de un negocio que requiere de las economías de escala por las que precisamente dio un paso al costado hace 7 años.
Y Millicom tampoco tiene intención de extender una cláusula que le exige comprar a UNE cuando está a punto de liberarse de esa obligación, que les mete más presión a las finanzas de una casa matriz que acaba de adquirir un préstamo del BID por 153 millones de dólares, para despliegue de banda ancha móvil en el país; invirtió alrededor de 600 millones de dólares en la subasta de espectro de 2019, y hace 4 meses compró la parte de su socio en el joint venture de Tigo en Guatemala, por 2.200 millones de dólares, para lo que también se endeudó de forma considerable con la banca internacional. Y a su vez tiene que repartir dividendos entre los inversionistas europeos.
Pero la carta de la Junta Directiva tiene una carga de profundidad, porque con esta se activa el proceso, que en abril se discutirá y votará en el Concejo de Medellín, con las mayorías (casi) cantadas a favor del sí. Claro, el riesgo para los interesados en concretar la salida está en las demandas que con seguridad llegarán y frenarán su avance. Una vez resueltos esos obstáculos, que no son menores, la privatización será posible.
Escenarios
Puedo ver tres escenarios si se cumplen los tiempos, y uno si se vence la cláusula:
- La venta de las acciones de EPM a Millicom. Si bien Tigo-Une registra un Ebitda de 1,6 billones de pesos (más del doble que en 2014) y en 2021 se recuperó de las pérdidas del primer año de la pandemia, según el reporte a los accionistas, la firma europea carga una deuda que, incluso, debe incentivar los frecuentes llamados del presidente de la empresa en Colombia, Marcelo Cataldo, para que se dilate la subasta de espectro para servicios 5G y así enfocar los recursos en el despliegue actual de redes. Por lo que es un escenario poco viable.
- La venta de la participación de EPM a un tercero no es factible, pues hoy son pocos los que están invirtiendo en telecomunicaciones y menos si no tienen el control de la operación.
- El tercer escenario es la venta forzosa de toda la empresa, incluyendo las participaciones de EPM y Millicom, como lo estipula el acuerdo firmado. Acá sí habría interesados, entre los que está WOM Partners, a quien esa infraestructura lo metería de lleno en las grandes ligas de las telcos criollas.
- Pero la opción más probable hoy es que se venza la cláusula, que Millicom no tenga voluntad de negociar y EPM se quede encartada con sus acciones, sin ver dividendos y apalancando más préstamos.
Ahora bien, no todo lo tiene a favor la empresa con sede en Luxemburgo. El ejecutivo consultado señaló que “EPM puede ser un socio muy incómodo. No es el socio bobo, y una mala relación lo puede complicar todo, porque muchas aprobaciones pasan por EPM”, lo que es en particular riesgoso si al frente se tiene a Quintero, que fue capaz de hacer polvo la cultura empresarial que la definió históricamente.
Así que la propuesta, enviada por carta, de ampliar el tiempo de la cláusula podría no ser una mala opción después de todo, porque le permitiría a Millicom ganar tiempo y no exponerse a que el proceso se active o se encienda una ácida disputa interna.
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín tiene que velar por el patrimonio público y sacar el mejor resultado posible en cualquiera de los escenarios, no obstante la politización de la que ha sido víctima. Si el Concejo aprueba la privatización y se lleva a cabo, tendrá que darse un control minucioso sobre el destino de los recursos, de la empresa que fue pionera del IPTV y el 4G en Colombia.
Imagen principal: Javadumper (Wikimedia Commons).
