La promulgación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile marca un cambio de paradigma estructural para las instituciones financieras. La actualización eleva las exigencias del tratamiento de la información al estándar de la regulación europea (GDPR) y obliga al ecosistema a pasar de un modelo de cumplimiento meramente normativo a una estrategia de gobierno de datos enfocada en la confianza digital y la competitividad.
La legislación, que reemplaza un marco legal vigente desde 1999, crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Este organismo fiscalizador no solo supervisará el cumplimiento y aplicará sanciones, sino que establecerá directrices operativas para la gestión de datos en los sectores público y privado, y se convierte en un referente en Latinoamérica.
Para analizar esta transformación normativa, Impacto TIC de Colombia y la Revista Gerencia de Chile, conversamos con liderazgos de la regulación, la banca, la industria de la tecnología y el ecosistema fintech, abordando los desafíos operativos que la nueva legislación plantea para el mercado regional.
En este Live TIC participaron Juan Ignacio Alarcón Santander (ANSSI), Bárbara Reyes Espinoza (ACTI / Magliona Abogados), Raimundo Hurtado Palma (Fintech Chile), Mauricio Castro Fuentes (Copeuch), Javiera Letelier (Itaú Chile), Fernando Graterol (Bicecorp), Pedro Novoa (Redbank) y Óscar Autori (Escala 24/7), bajo la moderación de Mauricio Jaramillo (Impacto TIC) y Marcelo Ortiz (Revista Gerencia).
Índice de temas
¿Cuáles son las nuevas bases legales para el tratamiento de datos?
El avance normativo amplía las bases de licitud para el procesamiento de información personal. Bajo el esquema previo, la gestión de datos dependía casi exclusivamente del consentimiento del titular. La nueva ley incorpora figuras como el interés legítimo, la ejecución de contratos y las medidas precontractuales.
Estas herramientas permiten a las organizaciones optimizar sus operaciones y estructurar un modelo de prevención de infracciones. Este mecanismo sirve como guía práctica para demostrar cumplimiento ante la autoridad y opera como un atenuante de responsabilidad administrativa.
“Con la ley actual teníamos bases muy restrictivas. Ahora se introducen nuevas bases de legalidad que son fundamentales, como el interés legítimo y el cumplimiento de obligaciones contractuales”, explicó Bárbara Reyes Espinoza, directora de Nuevas Tecnologías de Magliona Abogados y representante de la mesa legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI).
¿Qué cambia de fondo con la nueva ley de protección de datos en Chile?
El principal giro es conceptual. “Así como resguardamos el dinero de las personas, hoy tenemos que cuidar los datos de nuestros socios y clientes”, señaló Mauricio Castro Fuentes, gerente de la división de datos, analítica e inteligencia artificial de Coopeuch, cooperativa de ahorro y crédito.
Ese cambio se apoya en una novedad estructural: la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales. La Ley 21.719 fue publicada en diciembre de 2024 y contempla multas de hasta 20.000 UTM, que en reincidencia pueden llegar al 4% de los ingresos anuales.
Para Juan Ignacio Alarcón Santander, jefe de la división jurídica de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANSSI), ese regulador marca la diferencia frente a la ley de 1999, que quedó obsoleta rápidamente. Sin un ente fiscalizador, dijo, aquella norma “en la práctica fue letra muerta“.
La abogada Bárbara Reyes Espinoza, de la mesa legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología (ACTI), destacó las nuevas bases de licitud, interés legítimo y obligaciones contractuales y precontractuales, y el modelo de prevención de infracciones, cuyo contenido “la misma ley nos va diciendo”. La certificación de ese modelo opera como atenuante de responsabilidad.
¿Qué retos operativos y tecnológicos enfrentan la banca y las ‘fintech’?
La transición hacia este marco plantea desafíos distintos para la banca tradicional y las empresas de tecnología financiera (fintech). Mientras las instituciones consolidadas deben adaptar infraestructuras heredadas y mapear bases de datos históricas, las empresas emergentes enfrentan el reto de conciliar la innovación y el análisis automatizado con las restricciones sobre datos sensibles y socioeconómicos.
A este panorama se suma la acumulación de normativas recientes en el entorno digital chileno, como la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley Fintech, la Ley de Delitos Informáticos y la Ley de Delitos Económicos. Esta superposición regulatoria genera preocupación en las áreas técnicas y legales por la duplicidad de cargas en los deberes de reporte de incidentes ante distintos organismos, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANSSI).
¿De qué manera la ciberseguridad y el gobierno de datos garantizan la confianza digital?
En el segundo panel del Live TIC, especialistas de la banca coincidieron en que la protección de datos habilita competitividad. “Si cuidamos su información, habilitamos mayor confianza y podemos vender mejores servicios”, planteó Javiera Letelier, DPO de Itaú Chile.
Pedro Novoa, CISO de Redbanc, insistió en que “la confianza se construye antes del incidente, no después”, y llamó a reemplazar la idea de que la seguridad “es responsabilidad de todos” por una responsabilidad individual concreta. Fernando Graterol, CISO de Bicecorp, describió herramientas de gestión de consentimiento, registros de actividades de tratamiento (RAT) y prevención de fuga de datos (DLP) como base operativa.
La recomendación común para quienes recién empiezan: levantar el gobierno de datos, agotar las bases legales dejando el consentimiento como residual, y empezar hoy, sin esperar al día de entrada en vigencia.
El resguardo de la información ha dejado de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un pilar estratégico dirigido por la alta gerencia. En el sector financiero, el gobierno de datos se posiciona como el eje habilitador para mapear inventarios de información, aplicar cifrado, clasificar datos y gestionar el consentimiento de manera automatizada.
Por su parte, las autoridades enfatizan la importancia de la prevención y de una relación de transparencia entre reguladores y entidades comerciales, especialmente en la notificación oportuna de brechas de seguridad.
“El desafío más importante en la relación de confianza es que las organizaciones sientan la necesidad de reportar los incidentes. No estamos como reguladores para aplicar multas, sino para ayudar a que el estándar de cumplimiento se aplique eficazmente”, afirmó Juan Ignacio Alarcón Santander, jefe de la División Jurídica de la ANSSI.
¿Qué proyecciones genera la normativa para el ecosistema financiero regional?
El proceso de adecuación de Chile establece un modelo de referencia para América Latina en ciberseguridad y gobernanza de datos. La implementación de infraestructura local en la nube por parte de proveedores globales simplifica las exigencias de residencia de información y habilita la trazabilidad operativa necesaria para las auditorías.
La protección de datos se consolida así como un estándar ético que promueve la fidelización de la clientela y abre oportunidades de desarrollo responsable mediante soluciones de Inteligencia Artificial en mercados cada vez más digitalizados.
