El borrador del Estatuto Antiterrorista propone fijar un límite al efectivo en Colombia para transacciones de alto valor como inmuebles y vehículos. Colombia Fintech respaldó la medida para combatir economías ilícitas y solicitó extender los pagos digitales a peajes, taxis y trámites oficiales.
Colombia Fintech, gremio que agrupa a más de 365 empresas de innovación financiera, respaldó el límite al efectivo que incluye el Estatuto Antiterrorista del Gobierno. Gabriel Santos, su presidente explicó por qué el gremio propone además llevar los pagos digitales a peajes, taxis y trámites públicos.
En este artículo:
¿Qué propone el Gobierno con el límite al efectivo?
El Estatuto Antiterrorista es una apuesta de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, defendida por el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Se tramitará como ley estatutaria porque regula derechos fundamentales. Eso significa un trámite más exigente en el Congreso y control automático de la Corte Constitucional.
El borrador del proyecto restringiría el pago en efectivo para comprar vehículos, inmuebles y lotes. La lógica de fondo es la trazabilidad: una transacción que pasa por el sistema financiero deja un rastro que las autoridades pueden seguir. Los reportes publicados hasta ahora no detallan montos ni umbrales.
¿Por qué Colombia Fintech respalda la medida?
“Desde Colombia Fintech queremos respaldar los artículos orientados hacia la reducción del efectivo propuestos por el Gobierno Nacional”, señaló Gabriel Santos García, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.
Santos explicó que el gremio aborda el tema desde dos frentes. El primero consiste en limitar el acceso de las economías ilícitas al efectivo, “que favorece el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Como referente citó a México, que desde 2012 prohíbe el pago en efectivo en ciertas operaciones de alto valor.
El segundo frente es social. Cada pago digital genera información que abre la puerta a servicios financieros. “Esto significa más acceso a data transaccional para que los colombianos puedan tener acceso a servicios financieros”, afirmó. En su visión, las personas en condiciones de vulnerabilidad serían las principales beneficiarias, porque podrían “acceder a más servicios financieros y mejorar sus calidades de vida”.
“Vamos a trabajar para que estos artículos que le dificultan la vida a los criminales y le mejoran la vida a los colombianos, sobre todo a quienes están en condiciones de vulnerabilidad, queden incluidos en esta ley”, agregó Santos.
¿Cuánto efectivo circula hoy en Colombia?
Las cifras que presentó Colombia Fintech muestran un país en transición:
- El efectivo como medio de pago predominante pasó del 89 % de la población en 2014 al 78,4 % en 2022 y al 66 % en 2025.
- Por valor de las transacciones, la caída fue del 91 % al 65 % en ese mismo periodo.
- En 2025 circulaban 170,2 billones de pesos en efectivo, equivalentes al 8,4 % del PIB. El 92 % de ese dinero está en billetes de 50.000 y 100.000 pesos.
- El 69,5 % de las personas adultas usa billeteras digitales.
- Con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, la demanda transaccional de efectivo bajó de cerca del 23 % al 17 % entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025.
¿Qué más pide el gremio fintech?
Colombia Fintech quiere llevar la medida a la vida diaria. Según la asociación, más del 75 % de los cobros en transporte público, peajes y taxis se hace solo con dinero físico. En 2024, el 92 % del recaudo de la Dian se clasificó como pago en efectivo. Sus propuestas son:
- Hacer obligatorios los pagos digitales en peajes nacionales y en los trámites entre el Estado y la ciudadanía.
- Eliminar el recaudo físico en ventanillas de la Dian y otras entidades públicas.
- Extender los códigos y llaves de Bre-B al transporte público masivo, los taxis y los micronegocios.
- Dar incentivos a los micronegocios para recibir pagos digitales sin sobrecostos.
¿Qué retos enfrenta la propuesta?
El proyecto apenas inicia su recorrido y ninguna de estas medidas está vigente. Como ley estatutaria necesitará mayorías especiales y la revisión de la Corte Constitucional, que en 2004 tumbó un estatuto similar por vicios de trámite. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, advirtió que el carácter genérico del texto podría dar lugar a violaciones de derechos humanos.
El desafío más grande de la agenda digital aparece en los datos del propio gremio: el 87,5 % de quienes reciben menos de un salario mínimo paga exclusivamente en efectivo. Para esa población, la digitalización obligatoria solo será una ventaja si llega acompañada de conectividad y alfabetización digital. Sin esas condiciones, una medida pensada contra el crimen podría convertirse en una barrera para quienes hoy viven por fuera del sistema financiero.
