Luego del estado de coma inducido en el que entró el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por cuenta del escándalo del multimillonario contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, resuelto demasiado tarde por el gobierno nacional —en perjuicio del sector—, con la renuncia de Karen Abudinen a la jefatura de la cartera, llega una nueva ministra para intentar despertar al enfermo y ponerlo a caminar.
Carmen Ligia Valderrama, flamante ministra TIC, tiene como principal reto cumplir la meta fijada por el Presidente Iván Duque de conectar a internet al 70% de los hogares colombianos al final del mandato, que es en nueve meses.
La discusión, por razones obvias, se ha enfocado en los 70.243 millones de pesos que entregó el gobierno al consorcio de Emilio Tapia como anticipo de los 1,1 billones de pesos por el proyecto para llevar internet gratuito a 7.000 colegios y centros digitales durante 11 años.
Y así lo ha visto el presidente Duque, que presentó a la funcionaria como «experta en administración pública, supervisión y vigilancia, derecho contractual y competencia», en su cuenta de Twitter. Es decir, viene a solucionar el chicharrón que armaron, por complicidad o incompetencia, con el contrato más grande en la historia del Ministerio TIC.
Ojalá Valderrama esté mejor asesorada que sus antecesoras, porque esa es solo una pata de la mesa, y si no atiende de forma correcta otras prioridades, los problemas de conectividad —y competitividad—, que ya son evidentes, se van a profundizar.
En detrimento del bienestar social
El gobierno, en cabeza del MinTIC y la Agencia Nacional del Espectro, se encuentra en proceso de renovación del 50 % de las licencias de espectro radioeléctrico (25 MHz este año y 210 MHz entre 2023 y 2024), eso que han llamado la autopista de las telecomunicaciones móviles y del que se depende en parte para alcanzar las metas fijadas en materia de conectividad, así como para cumplir con la ley que define a Internet como un servicio público, esencial y universal.
Ese espectro es visto por muchos en el ejecutivo como una fuente de recaudación más que como piedra angular del desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Es la misma visión que a comienzos del siglo XX trató con desdén al teléfono y benefició la interconexión nacional por medio del telégrafo, manteniendo el aislamiento regional histórico hasta la creación de Telecom en 1947.
La realidad es que el espectro en Colombia hoy vale el doble que en el resto de los países del continente, lo que perjudica la inversión de los operadores, en detrimento del bienestar social, que es el fin primordial que se persigue; la competitividad del país, su industria, comercio y educación están atados a unas telecomunicaciones robustas.
El informe ‘El impacto de los precios del espectro en Colombia’ de la GSMA, organización que agrupa a los operadores de telecomunicaciones en el mundo, advierte que el precio del espectro en el país, en lugar de disminuir como en el resto del mundo, «ha aumentado, y eso, combinado con un ARPU bajo, ejerce presión sobre los márgenes y reduce la capacidad y el incentivo para invertir en redes de nueva generación (de los operadores). Esto podría explicar por qué la cobertura y la calidad se han quedado atrás de otros países de Latam», señala.
De hecho, el estudio, publicado en septiembre, estima que debido a los altos precios del espectro la cobertura 4G solamente llegó a 71 %, cuando habría podido llegar al 76 % de la población para 2019, lo que equivale a una diferencia de 2 millones de personas. En otras palabras, subraya el informe, el espectro caro causó «un retraso de 2 años en el despliegue de cobertura 4G», así como velocidades un 40 % inferiores en la descarga de datos.
Oídos sordos
Lo más preocupante es que a pesar de todos los avisos y recomendaciones, incluso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Ministerio TIC acaba de entregar unas condiciones para la renovación de espectro a los operadores que no modifican en una coma la filosofía recaudatoria con la que hace años fueron diseñadas.
Para alcanzar cualquier meta de cobertura y volver a ser un país modelo en política y despliegue de telecomunicaciones es necesario estimular la inversión de las empresas que ofrecen el servicio, empresas que a su vez están modificando sus modelos de negocio para mantenerse competitivas, en una de las industrias más dinámicas que existen.
Si este Ministerio persiste en exprimir el espectro radioeléctrico a sabiendas del deterioro que causará a las ya de por sí complejas condiciones del mercado, el resultado será más grave que no alcanzar el famoso 70 % antes del 7 de agosto de 2022. Y nos podremos ir olvidando de un despliegue 5G acorde al del resto del mundo.
Imagen principal: Frank Busch (Unplash).