Ya son 3 semanas desde la posesión del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única cartera que no tiene ministro ni una agenda para los 4 años que vienen.
Por ahora, solo hay un escueto programa de la campaña y el informe de la comisión de empalme.
Para un gobierno que maneja como pocos la construcción de un relato y que envía mensajes con cada acción que llevan adelante sus funcionarios, como mediante la indumentaria que utilizan, los ritos que celebran en algunas reuniones o abriendo las rejas de la plazoleta que separa el Capitolio del Palacio de Nariño, la indecisión sobre la cabeza del Ministerio TIC desconcierta por la indiferencia que transmite.
Mientras tanto, hay un sector que parece resignado a ser el último de la fila para los gobiernos de turno, a pesar de que solo las empresas de telecomunicaciones movieron $42,1 billones en 2021 e invirtieron más de $5 billones, especialmente en infraestructura para conectividad. Esa conectividad que el presidente Gustavo Petro prometió llevar al 100 % de los colombianos durante la campaña.
Al menos los días transcurridos le permitieron al presidente cancelar (¿o no?) el nombramiento de Mery Janneth Gutiérrez, porque iba a pasar la mitad del tiempo defendiéndose de los cuestionamientos éticos por la celebración de un contrato con Coldeportes así como de las inhabilidades en las que incurriría por la demanda de $45.000 millones a la desaparecida ANTV; y la otra mitad aprendiendo las cuestiones técnicas. Esta cartera no aguanta otro ministro que necesita ‘copialina’ para responder qué es la 5G.
Urge la elección de alguien capacitado porque la responsabilidad de quien ocupe el cargo será particularmente alta de cara al futuro de las comunicaciones en el país: el ministerio, junto a entidades adscritas a él como la Agencia Nacional del Espectro, deben llevar adelante en 2023 y 2024 la renovación del 70% de las licencias de espectro asignadas en el país, en las bandas 850 MHz, 2.500 MHz y 1.900 MHz.
A esto sumemos que tiene que diseñar y llevar a cabo la subasta de espectro para las redes de quinta generación (5G).
Es decir, esta administración tiene en sus manos la creación de una nueva hoja de ruta para el desarrollo de la conectividad fija y móvil, así como la ‘democratización’ del acceso a banda ancha de alta calidad para reducir la brecha digital.
El punto de partida es definir entre priorizar el recaudo por medio de altos precios de las licencias de espectro para comunicaciones móviles o impulsar el desarrollo de distintas infraestructuras a través de obligaciones de despliegue, pero con menores montos de las frecuencias.
Esta es la gran preocupación de las empresas del sector telco, que piden ‘una política de espectro ajustada a los parámetros internacionales y que garantice seguridad jurídica’.
La GSMA, organización internacional que agrupa a los operadores de telecomunicaciones, advirtió en 2021 que el precio del espectro en Colombia ha aumentado a diferencia del resto del mundo donde la tendencia se inclina a la reducción del valor del espectro para favorecer las inversiones en infraestructura, y eso, combinado con un ARPU bajo (que según Fitch Ratings tendrá este año una caída del 5 % al 10 % en los servicios postpago), ejerce presión sobre los márgenes y reduce la capacidad y el incentivo para invertir en redes de nueva generación. Lo que se traduce en menor y peor cobertura.
Si bien el informe de empalme no profundizó sobre los temas prioritarios, sí recomendó analizar las condiciones requeridas para las renovaciones de los permisos existentes para uso de espectro así como tener en cuenta las condiciones técnicas, de infraestructura y económicas para el despliegue de la 5G.
Tranquiliza que quien llegue contará con un camino abonado gracias al acompañamiento de 2 entidades juiciosas como la ANE y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC); pero quedará la decisión política, propensa a inclinarse hacia la tentación de maximizar el recaudo en tiempos de estrechez fiscal.
También se habla de un plan nacional de conectividad que integre las diversas tecnologías disponibles (fibra óptica, 4G, 5G, Wi-Fi, satélite…) para alcanzar la cobertura total.
Sería útil revisar la experiencia de la red compartida de telecomunicaciones de México que quebró con apenas 4 años de existencia, sin alcanzar el objetivo de brindar cobertura al 92 % de la población con el foco puesto en las áreas rurales, para no cometer los mismos errores.
La lista de prioridades que tendrá sobre su escritorio la eventual cabeza del Ministerio TIC es larga, porque no solo responde por las telecomunicaciones, también es responsable del desarrollo de software, los servicios profesionales, los servicios de envíos y la gestión de los medios de comunicación públicos.
