La violencia de género digital no está amparada por la libertad de expresión, dice la Corte Constitucional en dos fallos sobre redes y contenido íntimo.
La violencia de género digital no está protegida por la libertad de expresión. Así lo concluyó la Corte Constitucional en la Sentencia T-348 de 2026, sobre una gestora social de Arauca atacada en Facebook por su cuerpo. El fallo dialoga con la T-322 de 2026, que protege a una creadora de contenido amenazada con la difusión de sus videos íntimos.
En este artículo:
¿Qué decidió la Corte en el caso de la gestora social de Arauca?
Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social y esposa del alcalde de Arauca, presentó una tutela en octubre de 2025 contra un creador de contenido digital. Según su relato, desde mayo de ese año las publicaciones del accionado en Facebook se ocupaban de su apariencia física, de supuestas cirugías estéticas y del papel doméstico que, a juicio del autor, ella debía cumplir.
En primera instancia, el Juzgado 001 Civil Municipal de Arauca le dio la razón. El Juzgado Civil del Circuito revocó esa decisión en diciembre. La Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, volvió a amparar sus derechos el 27 de octubre de 2026. La Corte identificó 28 contenidos que constituyen violencia de género digital y ordenó al accionado:
- Retirarlos en un plazo de 48 horas, junto con las publicaciones sustancialmente similares.
- Publicar una disculpa en sus dos cuentas de Facebook dentro de los 5 días siguientes.
- Completar en 20 días un curso sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales, como los que ofrecen ONU Mujeres o Amnistía Internacional.
- Difundir la sentencia y explicar a su audiencia que la libertad de expresión no ampara la violencia de género digital.
La Sala también encontró que Facebook no cuenta con herramientas específicas para reportar contenidos que configuren violencia de género. Por ese vacío, la accionante quedó en situación de indefensión.
La sentencia se convierte en un insumo necesario en el propósito de propiciar y defender espacios digitales seguros para las mujeres.
¿Dónde termina la crítica legítima y empieza la violencia?
El fallo no silencia el control ciudadano. Las publicaciones sobre la gestión de la alcaldía que no aludían al cuerpo ni a la intimidad de la gestora quedaron protegidas como ejercicio de participación política. La Corte negó además la pretensión de prohibirle al accionado cualquier mención futura, porque eso habría sido censura previa.
La frontera está en el uso del cuerpo como arma política. Para la Sala, estos mensajes convierten a la mujer en “un instrumento para disputar y cuestionar el poder político que está en cabeza de un hombre”.
“Las manifestaciones referidas al cuerpo, peso, apariencia, edad, vestimenta o sexualidad pueden implicar que la mujer es valorada o deslegitimada a partir de atributos corporales que históricamente han sido utilizados para ejercer poder masculino”, señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-348 de 2026.
Para casos similares, la sentencia pide a jueces y juezas verificar si la mujer tiene voz pública, si las expresiones se apoyan en estereotipos de sexualización o cosificación, si hay una dinámica reiterada de acoso y si el contenido puede tener un efecto silenciador sobre su participación. La Fundación Karisma ya había documentado ese efecto en las agresiones contra candidatas al Congreso en 2022, que el fallo cita. Es un fenómeno que de seguimiento constante.
¿Qué pasa cuando alguien amenaza con difundir contenido íntimo?
La Sentencia T-322 de 2026 es de la Sala Segunda de Revisión, con el magistrado Carlos Camargo Assis como sustanciador. Revisó la tutela, tramitada en Ibagué, de una mujer que produce contenido para adultos. Su expareja obtuvo sus videos sin consentimiento y la nueva pareja de él amenazó con difundirlos. La tutela también protegió a su hija.
La Corte aclaró que trabajar en esa industria no implica renunciar a la intimidad: el consentimiento está delimitado por “una plataforma determinada, un público específico y una finalidad económica claramente identificable”.
“Una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectar los derechos, sino de la eliminación de esa posibilidad”, indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-322 de 2026.
Por eso ordenó borrar el material ante el juez en 48 horas y compulsar copias a la Fiscalía. También ordenó que la Defensoría del Pueblo acompañe a la accionante en los procesos penales. Además, recordó que en Colombia no existe un tipo penal que sancione de forma directa la difusión no consentida de contenido íntimo. La Corte ya había reconocido ese “vacío de punibilidad” en la Sentencia T-184 de 2026. Y aunque se han adelantado acciones, aún existen tensiones para definir la normativa puntual sobre violencia digital en Colombia.
¿Qué tareas quedan para el Estado?
Los dos fallos asignan responsabilidades a otras instituciones:
- La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben elaborar en 6 meses una guía digital para prevenir la difusión no consentida de contenidos íntimos.
- El Congreso fue exhortado a definir, en la siguiente legislatura, las consecuencias penales de esa conducta.
- La Corte reiteró su llamado al Legislativo para que acoja las recomendaciones de la ONU y de la OEA, en línea con la Ley Modelo Interamericana contra la violencia digital.
- El Consejo Superior de la Judicatura fue exhortado de nuevo a crear, con la Procuraduría y la Defensoría, un protocolo para manejar pruebas sensibles.
¿Por qué la alfabetización digital hace parte de la respuesta?
Las dos sentencias contienen órdenes que van más allá de la sanción. En el caso de Arauca, la Corte no se limitó a ordenar que se retiraran los contenidos: también obligó al accionado a formarse en igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales. En el caso de Ibagué, encargó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones una guía de prevención. Con esas decisiones, el alto tribunal reconoce que la violencia de género digital también se previene con pedagogía.
Crear entornos digitales seguros es una responsabilidad compartida. Las plataformas deben ofrecer rutas de reporte que hoy no existen, el Estado debe cerrar los vacíos legales y la ciudadanía necesita herramientas para reconocer cuándo una crítica se convierte en agresión. La alfabetización digital con enfoque de género le permite a una persona identificar el acoso y documentarlo antes de que escale. Le permite también entender que el consentimiento sobre una imagen íntima se puede revocar y no se transfiere.
Ese aprendizaje no se limita a las personas adultas. La T-322 recordó que la amenaza contra la accionante alcanzaba también a su hija, y en Impacto TIC hemos documentado cómo la violencia sexual digital afecta a niñas, niños y adolescentes en Colombia.
El reto ahora es legislativo, técnico y también educativo. Mientras esa discusión avanza, la tutela sigue siendo, según la propia Corte, el mecanismo principal de protección. Pero la forma de evitar que lleguen más casos a los juzgados es que más personas sepan reconocer, denunciar y no reproducir la violencia que se ejerce en las pantallas.
La ciudadanía digital incluye el derecho a habitar Internet con seguridad, y no solo el acceso a la conectividad.
