Suplantación de identidad en Colombia: qué cambia para los usuarios desde el 19 de noviembre

La Ley 2573 de 2026 establece nuevas obligaciones para operadores de telecomunicaciones, entidades financieras y comercios. El 81 % de las reclamaciones por suplantación registradas ante la SIC entre 2022 y mayo de 2026 correspondió al sector de telecomunicaciones.

A cualquiera le puede pasar, la suplantación de identidad en Colombia hace que revisar el historial crediticio y encontrar un préstamo desconocido o recibir el cobro de un plan de celular que jamás solicitó se vuelva un caos completo. Este tipo de fraudes no solo golpea el bolsillo, sino que mancha la reputación financiera y cierra puertas en los bancos. 

Para ponerle freno a este problema, el próximo 19 de noviembre entra en aplicación general la Ley Estatutaria 2573 de 2026, que obliga a las compañías a reforzar sus controles y protege directamente a quienes caen en manos de suplantadores. 

No es un asunto menor, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre 2022 y mayo de 2026 llegaron 13.983 quejas por suplantación de identidad, y la inmensa mayoría 11.365 casos ocurrieron en empresas de telecomunicaciones.

La norma, sancionada el 19 de mayo de 2026 en el Diario Oficial 53.496, tiene un objetivo claro, evitar que los ciudadanos terminen pagando compromisos adquiridos con engaños o queden reportados negativamente por deudas ajenas. 

Aunque el grueso de la ley empieza a regir el 19 de noviembre, dos apartados clave los parágrafos primero y segundo del artículo 5 ya venían aplicándose desde mayo, exigiendo protocolos estrictos de seguridad y fijando consecuencias para las empresas que no cumplan.

¿Qué deberán hacer los operadores y las entidades financieras?

El eje estructural de la nueva normativa radica en el endurecimiento de los protocolos de autenticación: operadores de telecomunicaciones, entidades financieras y establecimientos comerciales quedan obligados a desplegar medidas de seguridad digital robustas y razonables para validar la identidad real de quien solicita un producto o servicio. 

Ante una alerta de posible suplantación, estas compañías deben tramitar la reclamación, entregar copia de los soportes documentales empleados para aprobar la operación y suspender de forma inmediata todo cobro, congelando intereses, gastos de cobranza y cargos asociados. A partir de esa notificación, el ciudadano cuenta con un plazo de 20 días hábiles para radicar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y aportar las pruebas correspondientes; de omitir este paso, la entidad queda facultada para reactivar los cobros retroactivos y gestionar el reporte ante centrales de riesgo.

No obstante, la ley introduce salvaguardas decisivas en favor del usuario. Si la propia entidad halla evidencias internas que confirmen el fraude, la víctima queda eximida del trámite penal ante la Fiscalía y debe ser exonerada automáticamente de la deuda. 

A esto se suma la protección reforzada contenida en los parágrafos ya vigentes del artículo 5, cuando se demuestre que la compañía incumplió sus protocolos de seguridad, estará obligada a frenar el cobro, rectificar los reportes negativos y reintegrar directamente el dinero defraudado, sin bloquear los fondos ni condicionar la devolución a autorizaciones del titular de la cuenta receptora.

¿Qué pasa con las deudas y los reportes en centrales de riesgo?

Cuando alguien denuncia una suplantación, uno de sus mayores temores es quedar manchado en las centrales de riesgo. La Ley 2573 de 2026 resuelve ese problema de raíz, obliga a las centrales de información a poner en el perfil del afectado la etiqueta ‘Víctima de Falsedad Personal’. 

Esa marca no baja el puntaje crediticio ni sirve como excusa para negar un préstamo; al contrario, funciona como un aviso de seguridad para que bancos y comercios hagan doble verificación antes de aprobar cualquier operación a nombre de esa persona.

Además, la norma deja muy claras las reglas cuando termina el proceso. Si la justicia confirma que sí hubo suplantación, la víctima queda totalmente libre de esa deuda y se borra cualquier rastro negativo en su historial. 

Pero si se descubre que la persona sí pidió el servicio y trató de engañar al sistema, la empresa podrá cobrarle hasta el último peso incluyendo los intereses generados mientras el cobro estuvo congelado y el ciudadano se enfrentará a problemas penales por presentar una denuncia falsa.

Lo que han precisado la Corte Constitucional y la Superfinanciera

Antes de convertirse en ley, la Ley 2573 de 2026 pasó por el filtro de la Corte Constitucional en la Sentencia C-413 del 2 de octubre de 2025, donde se ajustaron reglas fundamentales para proteger al ciudadano de a pie. 

La más importante es la carga dinámica de la prueba, se acabó eso de exigirle al usuario que demuestre lo imposible; ahora es la empresa la que tiene que poner sobre la mesa los documentos y pruebas con los que aprobó ese crédito o línea telefónica. Además, la Corte dejó claro que la carga penal no recae solo en el afectado, los bancos, operadores y comercios también están obligados a presentar la denuncia ante las autoridades dentro del mismo plazo que tiene la víctima.

Por su lado, la Superintendencia Financiera, en su Concepto 2026124048-004 del 21 de julio de 2026, resolvió una duda práctica vital, para que te frenen el cobro de inmediato basta con avisar que fuiste suplantado; ninguna entidad puede exigirte llevar primero el papel de la denuncia para detener la cobranza. 

Otra cosa distinta aclaró la Superfinanciera es pedir que pongan la etiqueta de ‘Víctima de Falsedad Personal’ en las centrales de riesgo, trámite para el cual sí es indispensable haber radicado la denuncia.

¿Qué puede hacer una persona si descubre una suplantación?

Quien identifique una obligación o un servicio que no contrató debe informar cuanto antes a la empresa responsable y dejar constancia de la reclamación. La ley contempla, entre otras, estas acciones:

  • Presentar la reclamación: informar al operador, banco o establecimiento comercial que desconoce la obligación y solicitar la suspensión del cobro.
  • Solicitar los documentos: pedir copia de los soportes utilizados para aprobar el producto o servicio. La entidad no puede condicionar la entrega de esta información a la presentación de una denuncia.
  • Entregar las pruebas disponibles: aportar documentos y elementos que permitan respaldar la reclamación y facilitar la investigación.
  • Presentar la denuncia: cuando corresponda, acudir a la Fiscalía General de la Nación dentro del plazo de 20 días hábiles comunicado por la entidad. Si esta encuentra elementos que evidencien la suplantación, la víctima queda exonerada de presentar la denuncia.

Para evitar que las reclamaciones queden atrapadas en dilaciones burocráticas, la norma incorpora el silencio administrativo positivo en las solicitudes de corrección de información, las entidades disponen de 15 días hábiles para dar respuesta prorrogables excepcionalmente por 8 días hábiles adicionales y, vencido ese término sin pronunciamiento, la petición se entiende resuelta automáticamente a favor del ciudadano. 

Para hacer efectiva esta garantía, resulta indispensable conservar la trazabilidad documental completa, notificaciones de cobro, comunicaciones cruzadas, soportes radicados y números de seguimiento. 

Agotado el reclamo directo ante la empresa, el afectado puede escalar su caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando involucre operadores de telecomunicaciones o protección de datos personales o ante la Superintendencia Financiera, si se trata de entidades vigiladas del sector.

La plena aplicación de la Ley Estatutaria 2573 pone a prueba tanto el rigor de los sistemas de autenticación corporativa como la capacidad de reacción institucional frente al fraude digital. 

Para la ciudadanía, el avance más tangible radica en contar con una ruta clara y vinculante para frenar de inmediato cobros por obligaciones nunca contraídas y blindar su reputación crediticia frente a la suplantación.

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Erick Diaz
Erick Diaz
Periodista y Comunicador social, amante del mundo geek, el universo y los videojuegos. Redactor, diseñador y editor, todas las grandes ideas comienzan con una hoja en blanco.

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