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El sector TIC crece, pero varias de sus entidades clave –la Agencia Nacional Digital, Tecnologías para Aprender, Inravisión– enfrentan una fragilidad financiera que amenaza lo construido. Esta columna identifica los pendientes presupuestales y de control político más urgentes, y propone que el Congreso construya un ambiente normativo que impulse la Inteligencia Artificial –en salud, educación y gestión pública– como herramienta de transparencia y eficiencia del Estado, no como un riesgo que haya que restringir.