La opacidad en la contratación pública de tecnología y la dificultad para fiscalizar miles de expedientes estatales han impulsado la creación de herramientas digitales diseñadas para auditoría ciudadana. En Colombia, los procesos contractuales se gestionan de forma centralizada a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), una plataforma donde reposan millones de registros sobre compras estatales. Sin embargo, la dispersión de la información y la complejidad de los expedientes en diferentes formatos, como por ejemplo PDF, dificultan el análisis masivo de estos datos por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.
Una plataforma de Inteligencia Artificial (IA), PILLAO, y la infraestructura de datos abiertos PI-RAT, de la Fundación Karisma, buscan que cualquier persona pueda auditar la contratación pública en Colombia desde el celular. Su irrupción coincide con el empalme del nuevo gobierno, cuando la ley concede apenas 30 días hábiles para revisar la gestión saliente.
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¿Por qué es tan difícil auditar la contratación pública en Colombia?
El país publica sus contratos en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), la plataforma oficial administrada por Colombia Compra Eficiente. En teoría garantiza transparencia; en la práctica, la información está dispersa y su consulta consume horas de trabajo especializado, según la a guía ‘Herramientas para buscar información sobre proveedores de la Fundación Karisma, organización de derechos digitales.
A la dificultad de uso se suma un obstáculo técnico: muchas entidades grandes comparten un mismo NIT (número de identificación tributaria), de modo que decenas de dependencias aparecen sumadas en una sola cifra. Eso impide saber cuánto contrata cada secretaría o regional por separado.
¿Qué herramientas ciudadanas permiten vigilar los contratos del Estado?
PILLAO: alertas generadas con Inteligencia Artificial
PILLAO (pillao.co) es una plataforma de tecnología cívica que aplica IA al análisis de la contratación. Según cifras de la propia compañía –no verificadas de forma independiente–, procesa 5,2 millones de contratos del SECOP II de 6.613 entidades y, con corte al 30 de junio de 2026, mantiene 864.121 registros (16,6 %) marcados con alerta.
La herramienta busca patrones asociados al riesgo contractual, como el fraccionamiento (dividir un contrato grande en varios pequeños para evadir la licitación que exige la Ley 80) o adiciones presupuestales atípicas. La compañía subraya que sus alertas son indicios estadísticos, no acusaciones. Su acceso base es gratuito, aunque ofrece módulos de pago. Fue creada por Michael Ángelo, analista con trayectoria en inteligencia militar.
PI-RAT y las guías de la Fundación Karisma
Desde la sociedad civil, Karisma desarrolla PI-RAT junto a Privacy International y Wikimedia Colombia: una ontología –un modo de ordenar datos dispersos en categorías claras– que documenta contratos de tecnologías de vigilancia estatal (quién contrata, qué tecnología, quién la vende y a qué precio) sobre Wikibase, la infraestructura hermana de Wikipedia.
El proyecto se apoya en dos guías públicas para investigar la contratación de tecnología y en un decálogo de seguridad digital para quienes investigan. “Documentar también es resistir“, resume la organización.
¿Qué otras iniciativas ya usan IA y datos abiertos para vigilar los contratos?
PILLAO y PI-RAT no están solos. En 2025, la Contraloría General, junto con la Universidad de Antioquia, puso en marcha un modelo predictivo con aprendizaje automático (Machine Learning) que cruza datos de más de 13.000 fuentes para detectar contratistas con patrones de riesgo antes de que se adjudique un contrato, y que podrán consultar alcaldías y gobernaciones.
En Bogotá funciona VigIA, una herramienta de aprendizaje automático concebida por el Tic Tank de la Universidad del Rosario con apoyo de CAF para la Veeduría Distrital, que prioriza los contratos de la Alcaldía con mayor riesgo de corrupción y cuya metodología está publicada en una revista académica revisada por pares.
A esa oferta se suman los datos abiertos de Colombia Compra Eficiente bajo el estándar internacional OCDS (Open Contracting Data Standard) y tableros que analizan millones de procesos desde 2011. Sobre esa misma base nacen proyectos académicos como INFOCONTRATOS.
La diferencia clave está en la transparencia del método: mientras VigIA o el estándar OCDS son auditables y públicos, otras plataformas operan como ‘caja negra’, con criterios que no pueden verificarse de forma independiente.
¿Qué impacto tienen estas plataformas en la transparencia y las políticas públicas?
El uso de tecnologías de información para el análisis de la contratación pública busca transformar el control social en una actividad sustentada en evidencia técnica. El acceso a buscadores automatizados y bases de datos abiertas permite a la ciudadanía, el periodismo de investigación y los equipos de empalme gubernamental rastrear el uso de los recursos públicos en tiempos reducidos.
Con el procesamiento automatizado de más de 864.000 contratos bajo alertas de riesgo estadístico, estas herramientas buscan reducir las asimetrías de información entre las instituciones estatales y la ciudadanía. El desafío para el sector público y los organismos de control radica en integrar estas metodologías abiertas para fortalecer los procesos de auditoría preventiva y garantizar que la información de las compras estatales sea accesible y verificable.
El contexto refuerza la urgencia. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 y cayó al puesto 99 entre 182 países –7 posiciones menos que en 2024–, según Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional.
Ninguna de estas herramientas reemplaza el control institucional ni convierte una alerta en prueba: la denuncia sigue dependiendo de los entes de control y de la verificación humana. Pero, al bajar la barrera técnica, trasladan una parte del escrutinio a periodistas, veedurías y ciudadanía, justo cuando el calendario político lo hace más necesario.
